Laudos Arbitrales CAM - Jurisprudencia

Mercaderías: Espejos Termosolares

Disposiciones citadas: UPIC Art.6.2.2,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid y entre partes de España y Portugal se da en el marco de un contrato de suministro de espejos termosolares, los cuales se habían contratado con el fin de que el demandante realizase actividades de producción de energías renovables en España, en el marco de un régimen especial impulsado por el Gobierno español en el año 2007. Sin embargo, posterior a la celebración del contrato de suministro, el Gobierno español dio un recorte al régimen, de modo que solo pudieran beneficiarse en caso de que los proyectos fuesen registrados, en cumplimiento de una serie de requisitos.

Todo lo anterior impidió al demandante el registro de la totalidad de los proyectos para lo cual se tenía prevista el suministro de los espejos termosolares. Por ende, el comprador inició el arbitraje, con el fin de que se declarase la resolución del contrato, basada en la variación de las condiciones de la contratación. Por su parte, la vendedora contrademandó, con el fin de que el Tribunal declarase la existencia de un incumplimiento del contrato por la falta de pago de los espejos termosolares.

El Tribunal analiza el argumento de la demandante desde la perspectiva de la doctrina de la excesiva onerosidad sobreviniente, que es reconocida por el ordenamiento jurídico español, así como instrumentos internacionales como los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (“Principios UNIDROIT”). Del artículo 6.2.2 de los Principios UNIDROIT, el Tribunal extrae que la figura de la excesiva onerosidad sobreviniente fundamenta la resolución contractual en caso de que se cumplan las siguientes condiciones: (i) ocurrencia de un hecho excepcional posterior a la perfección del contrato; (ii) la producción de una alteración fundamental en el equilibrio del contrato; (iii) basado en un acontecimiento no imputable a las partes; y (iv) no corresponda a un riesgo asumido por la parte en desventaja.

El Tribunal concluyó que sí se estaba frente a un hecho excepcional. Si bien en los sectores de regulación especial como el de la electricidad es previsible que existan cambios regulatorios, lo previsible es que dichos cambios respeten las expectativas adquiridas al amparo de la norma derogada. A criterio del Tribunal, el cambio en la regulación no respetó las condiciones iniciales. Asimismo, el Tribunal concluyó que la modificación del régimen provocó una alteración fundamental en el equilibrio del contrato.

Sin embargo, el Tribunal consideró que los otros dos requisitos no se cumplieron, en tanto el acontecimiento era imputable al comprador, y además el riesgo de la modificación había sido asumido al momento de celebrar el contrato. Respecto a la imputabilidad, el Tribunal determinó que existió la posibilidad de que el comprador formalizase el registro de la totalidad de los proyectos, pero solo alcanzó el registro de dos de ellos, atribuido a atrasos en la puesta en funcionamiento del resto de plantas. En relación con el riesgo asumido, el contrato expresamente establece que el comprador confirmó que cumpliría los pasos para obtener el régimen tarifario privilegiado, por lo cual un cambio en las condiciones era un riesgo al cual el comprador se sometió.

Ante tales circunstancias, el Tribunal rechazó la pretensión de resolución contractual del demandante. Por lo contrario, declaró que existió un incumplimiento contractual del demandante que daba pie a la resolución, así como el pago de daños y perjuicios a favor del demandado.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

15 January 2015

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain and Portugal

Provision applied: UNIDROIT Principles, Art. 6.2.

Type of goods: Thermosolar mirrors

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute arises in the context of a contract for the supply of thermo-solar mirrors, which had been contracted in order for the claimant to carry out renewable energy production activities in Spain, within the framework of a special regime promoted by the Spanish Government in 2007. However, after the conclusion of the supply contract, the Spanish Government cut back the regime, so that they could only benefit if the projects were registered, in compliance with a series of requirements.

As a result, the claimant was prevented from registering all the projects for which the supply of solar thermal mirrors was foreseen. Therefore, the buyer filed for arbitration in order to declare the termination of the contract, based on the variation of the conditions of the contract. On the other hand, the seller counterclaimed, in order for the Tribunal to declare the existence of a breach of contract due to the non-payment of the thermo-solar mirrors.

The Tribunal analyzes the claimant’s argument from the perspective of the doctrine of hardship (rebus sic stantibus), which is recognized by the Spanish legal system, as well as international instruments such as the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts («UNIDROIT Principles»). From article 6.2.2 of the UNIDROIT Principles, the Tribunal extracts that the figure of hardship is based on the termination of the contract in case the following conditions are met: (i) the occurrence of an exceptional event subsequent to the perfection of the contract; (ii) the production of a fundamental alteration in the balance of the contract; (iii) based on an event not attributable to the parties; and (iv) not corresponding to a risk assumed by the disadvantaged party.

The Tribunal held that this was indeed an exceptional event. Although in sectors with special regulation such as electricity it is foreseeable that there will be regulatory changes, what is foreseeable is that such changes respect the expectations acquired under the repealed regulation. In the Tribunal’s opinion, the change in the regulation did not respect the initial conditions. Likewise, the Tribunal concluded that the modification of the regime caused a fundamental alteration in the equilibrium of the contract.

Nevertheless, the Tribunal concluded that the other two requirements were not met, since the event was attributable to the buyer, and also the risk of the modification had been assumed at the time of entering into the contract. Regarding the attributability, the Tribunal determined that the buyer was able to register all the projects, but only achieved the registration of two of them, attributed to delays in the start-up of the rest of the plants. In relation to the risk assumed, the contract expressly states that the buyer committed that it would comply with the necessary steps to obtain the privileged tariff regime, so that a change in the conditions was a risk to which the buyer was subject.

Under these circumstances, the Tribunal rejected the claimant’s petition for termination of the contract. On the contrary, it declared that there was a breach of contract by the claimant that gave rise to the termination, as well as the payment of damages in favor of the respondent.

Mercaderías: Acero

Disposiciones citadas: CISG Art.1 CISG Art.3, CISG Art.4, CISG Art.7, CISG Art.19, CISG Art.55, CISG Art.71,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid entre partes de España y Suiza surge en el marco de un contrato de suministro de distintos productos de acero, el cual fue celebrado en mayo de 2012, por un plazo de veinticuatro meses, el cual se podría prorrogar automáticamente por periodos iguales. La terminación del contrato existiría en caso de que una de las partes diese preaviso de la terminación dos meses antes del vencimiento del plazo. El contrato estipulaba la venta de una cantidad mínima de 2000 toneladas de productos de acero al mes, las condiciones de pago y envío de los productos, y los parámetros técnicos de los productos.

Adicionalmente, el contrato de suministro señalaba el procedimiento a seguir para la compra de los productos: (i) la emisión de órdenes de compra por parte del comprador, que se darían cada cuatro meses; (ii) la emisión de una letra de crédito por parte del comprador, para asegurar el pago del vendedor; (iii) la entrega y revisión de la conformidad de la mercadería; y (iv) un procedimiento en caso de falta de conformidad. El precio a pagar por los productos se discutiría entre las partes cada cuatro meses, previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.

La disputa surge de la ejecución de los dos primeros años del contrato de suministro, en los cuales el comprador realizó ocho órdenes de compra, pero el vendedor incurrió en una serie de incumplimientos en las órdenes enumeradas entre la 3 y la 8. Sobre dichas órdenes, existieron discrepancias entre las partes, por la falta de acuerdos sobre aspectos como el precio, así como el carácter válido y ejecutable del contrato de suministro marco de la relación contractual.

El primer análisis realizado por el Tribunal fue la aplicación de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CCIM). Para ello, en primer lugar, analizó su artículo 1, señalando que las partes tenían su establecimiento principal en Estados partes de la Convención, por lo cual se cumplía el primero de los presupuestos. Asimismo, se analizó que la elección de la legislación española en el contrato de suministro conllevaba a la aplicación de la CCIM. Finalmente, conforme al artículo 3 de la Convención, se concluyó que, en vista de que se estaba frente a un contrato de suministro en el que los bienes serían producidos o manufacturados por el vendedor, se debía considerar que se estaba frente a un contrato de compraventa.

Posteriormente, se entró a analizar el carácter vinculante de las órdenes de compra, respecto al contrato de suministro, el cual era combatido por el vendedor. Sobre el particular, se analizó el numeral 19(1) de la CCIM, para concluir que, conforme a la Convención de Viena, un contrato vinculante se forma cuando la oferta y la aceptación coinciden en los “términos esenciales” del negocio. En el caso concreto, el vendedor reclamaba que no existía un contrato vinculante, pues en las órdenes de compra existían elementos como el plazo de entrega y el lugar de entrega de los bienes, que eran distintos a los pactados en el contrato, lo cual constituía una contraoferta condicionada a la aceptación del vendedor.

Sin embargo, respecto a la fecha de entrega, el Tribunal identificó esta acción del comprador simplemente precisó la fecha de entrega de las mercaderías, sin intención de realizar alguna modificación del contrato. Situación similar ocurrió en relación con el lugar de entrega de la mercadería, pues el contrato estipulaba de manera genérica los posibles lugares de entrega, y la orden de compra lo único que hizo fue precisar el puerto. Además, el Tribunal reprochó el hecho de que el vendedor nunca comunicase que la supuesta modificación del puerto de entrega implicase gastos adicionales, argumento que fue utilizado durante el arbitraje.

Otro de los aspectos analizados por el Tribunal fue la posibilidad del vendedor de suspender la ejecución de sus obligaciones, en relación con el artículo 71(1) de la CCIM. Sobre dicha norma, el Tribunal concluyó que la falta de cumplimiento de las obligaciones que justifica esta suspensión es aquella que resulta sustancial, y no un incumplimiento menor. En este caso, el vendedor justificaba la suspensión de sus obligaciones por defectos en la emisión de la letra de crédito por parte del comprador. No obstante, el Tribunal concluyó que estos defectos no existían y que, si hubieran existido, hubieran sido menores, por lo cual no se justificaba la suspensión de la ejecución de sus obligaciones.

Por otro lado, el Tribunal resolvió las objeciones presentadas por la demandada, respecto a la validez del contrato de suministro, ante la falta del precio. Las demandadas sostuvieron durante el arbitraje que, para la aplicación del artículo 55 de la CCIM, resultaba necesario determinar si el contrato había sido celebrado válidamente. En vista de que el artículo 4 de la CCIM señala que los aspectos relacionados a la validez del contrato de compraventa están excluidos del ámbito de aplicación de la Convención; la validez del contrato debía analizarse conforme al Derecho español doméstico.

Sin embargo, el Tribunal interpretó el término “validez” del artículo 4 de la CCIM de manera autónoma, conforme lo dispone su artículo 7, separado del significado dado por las legislaciones domésticas. Por ello, arribó a la conclusión que la exclusión se da respecto a aquellos elementos que afectan la validez de un contrato que no están expresamente regulados en la Convención, como lo son la capacidad de las partes, la falta de consentimiento, facultades de un apoderado, y otros temas de orden público. No obstante, el hecho de que la exclusión realizada en el artículo 4 incluya la frase “salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención”; implica que sí existen aspectos de la validez del contrato de compraventa que se incluyen en ésta.

Con base en lo anterior, el Tribunal afirmó que todos aquellos asuntos expresamente regulados por la CCIM, que pueden afectar la validez del contrato de compraventa, se convierten en elementos relacionados a la formación del contrato, lo cual no está excluido por la Convención. En conclusión, para el Tribunal, el artículo 55 es una norma aplicable a la formación válida del contrato de compraventa, y se debía excluir el criterio de validez del contrato señalado por la legislación doméstica española. En el caso concreto, se determinó la existencia de un contrato válido, a pesar de no haberse pactado el precio de la mercadería, dada la intención de las partes de celebrar un contrato válido, lo cual se reflejó por la ejecución que ambas hicieron del mismo.

Finalmente, el Tribunal procedió a aplicar el artículo 55 de la CCIM, con el fin de determinar el precio aplicable a la orden de compra número 5, dada la falta de acuerdo entre las partes. Por ende, se procedió a analizar cuál era el “precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate” (Art. 55 CCIM). El Tribunal concluyó que el mejor indicativo de este parámetro, para un contrato de suministro que se había ejecutado parcialmente, era el precio promedio pactado por las partes entre las órdenes de compra 1 y 4; en tanto reflejaba la intención de las partes respecto al precio.

Por lo tanto, el Tribunal acogió la demanda del comprador, y ordenó la ejecución forzosa del contrato de suministro, estipulando así las condiciones bajo las cuales se debía dar el cumplimiento del contrato.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

30 March 2015

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain and Russia

Provision applied: CISG, Art. 1, 3, 4, 5, 7, 19, 55, y 71

Type of goods: Steel

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The dispute arises under a contract for the supply of certain steel products, which was entered into in May 2012, for a term of twenty-four months, which could be automatically extended for equal periods. Termination of the contract would exist in the event that one of the parties gave notice of termination two months prior to the expiration of the term. The contract stipulated the sale of a minimum quantity of 2000 tons of steel products per month, the terms of payment and shipment of the products, and the technical parameters of the products.

In addition, the supply contract indicated the procedure to be followed for the purchase of the products: (i) the issuance of purchase orders by the buyer, which would be given every four months; (ii) the issuance of a letter of credit by the buyer to secure payment from the seller; (iii) the delivery and review of the conformity of the goods; and (iv) a procedure in case of lack of conformity. The price to be paid for the products would be discussed between the parties every four months, prior to the issuance of the corresponding purchase order.

The dispute arises from the execution of the first two years of the supply contract, in which the buyer placed eight purchase orders, but the seller incurred in a series of breaches with respect to orders numbered between 3 and 8. Regarding these orders, there were discrepancies between the parties, due to the lack of agreement on aspects such as the price, as well as the valid and enforceable nature of the supply contract under the contractual relationship.

The first issue examined by the Tribunal was the application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). For this purpose, it first analyzed Article 1, pointing out that the parties had their principal place of business in Contracting States of the Convention, so that the first of the requirements was fulfilled. It also considered that the choice of Spanish law in the supply contract led to the application of the CISG. Finally, in accordance with article 3 of the Convention, it was concluded that, given that the contract was a supply contract in which the goods were produced or manufactured by the seller, it should be considered to be a sales contract.

Subsequently, the binding nature of the purchase orders was examined with respect to the supply contract, which was challenged by the seller. In this regard, it considered section 19(1) of the CISG, to conclude that, according to the Vienna Convention, a binding contract is formed when the offer and the acceptance coincide in the «essential terms» of the business. In the specific case, the seller claimed that there was no binding contract, since the purchase orders contained elements such as the delivery time and the place of delivery of the goods, which were different from those agreed in the contract, constituting a counter-offer conditioned to the seller’s acceptance.

Nevertheless, with respect to the date of delivery, the Tribunal held that the buyer’s action simply specified the date of delivery of the goods, without any intention of making any modification to the contract. A similar situation occurred in relation with the place of delivery of the goods, since the contract stipulated in a generic way the possible places of delivery, and the purchase order only specified the port. In addition, the Tribunal questioned the fact that the seller never communicated that the alleged modification of the port of delivery implied additional costs, an argument that was used during the arbitration.

Additionally, the Tribunal analyzed the possibility of the seller to withhold performance of its obligations, in relation to article 71(1) of the CISG. Regarding this provision, the Tribunal concluded that the non-performance of the obligations that justifies such suspension is a substantial breach, and not a minor default. In this case, the seller justified the suspension of its obligations due to defects in the issuance of the bill of credit by the buyer. However, the Tribunal concluded that these defects did not exist and that, if they had existed, they would have been minor, so that the suspension of the performance of its obligations was not justified.

Furthermore, the Tribunal resolved the objections presented by the Respondent regarding the validity of the supply contract in the absence of the price. The respondent argued during the arbitration that, considering the application of Article 55 of the CISG, it is necessary to determine whether the contract had been validly concluded. Since Article 4 of the CISG states that aspects related to the validity of the sales contract are excluded from the scope of application of the Convention, the validity of the contract should be analyzed in accordance with Spanish domestic law.

However, the Tribunal interpreted the term «validity» of article 4 of the CISG autonomously, as provided in article 7 of the CISG, separately from the meaning given by domestic laws. Thus, it concluded that the exclusion is given with respect to those elements affecting the validity of a contract that are not expressly regulated in the Convention, such as the capacity of the parties, lack of consent, powers of a proxy, and other matters of public policy. However, the fact that the exclusion in article 4 includes the phrase «unless otherwise expressly provided in this Convention» implies that there are aspects of the validity of the sales contract that are included in the Convention.

On this basis, the Tribunal held that all those matters expressly regulated by the CISG, which may affect the validity of the sales contract, become elements related to the formation of the contract, which is not excluded by the Convention. In conclusion, for the Tribunal, Article 55 is a rule applicable to the valid formation of the sales contract, and the criterion of validity of the contract under Spanish domestic law should be excluded. In the specific case, the existence of a valid contract was determined, despite the fact that the price of the goods had not been agreed upon, given the intention of the parties to enter into a valid contract, which was reflected by the execution of the contract by both parties.

Finally, the Tribunal applied Article 55 of the CISG, in order to determine the applicable price to purchase order number 5, given the lack of agreement between the parties. Therefore, it proceeded to assess what was the «price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned» (Art. 55 CISG). The Tribunal concluded that the best indicator of this parameter, for a supply contract that had been partially performed, was the average price agreed by the parties between purchase orders 1 and 4; as it reflected the intention of the parties with respect to the price.

Therefore, the Tribunal upheld the buyer’s claim, and ordered the compulsory execution of the supply contract, thus stipulating the conditions under which the contract was to be performed.

Mercaderías: Contrato de permuta financiera

Disposiciones citadas: CISG Art.14, UPIC Art.3.2.13, UPIC Art.4.5,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa arbitral con sede en Madrid se deriva de una relación contractual de tipo financiera, en la cual una constructora obtiene un financiamiento por parte de una entidad bancaria, con el fin de desarrollar un proyecto constructivo. Sin embargo, en virtud de una serie de complicaciones del proyecto, la constructora requirió negociar los términos del financiamiento, lo cual lo llevó a pactar una permuta financiera con el banco, con la aparente intención de mejorar las condiciones de la financiación.

La controversia inicia cuando la constructora identifica una serie de condiciones respecto a la permuta financiera, las cuales, a su criterio, no fueron debidamente informadas. Por ello, inicia el arbitraje, con el fin de obtener la nulidad del contrato de permuta financiera, así como el pago de daños y perjuicios, consistentes en el reintegro de las sumas pagadas a la fecha, en ejecución del contrato. Por otra parte, la entidad bancaria se opuso a la demanda, señalando que sí cumplió con sus deberes legales de información, que el consentimiento fue dado libremente, y que, en todo caso, la acción estaba caducada.

Previo al análisis del caso concreto, el Tribunal afirma que el presente caso debe ser analizado conforme al principio de conservación del contrato, el cual es una regla interpretativa aceptada y aplicada no solo en el Derecho español –norma aplicable directamente al caso–, sino también universalmente. Para tal aseveración, el Tribunal se sustenta en las normas uniformes, como lo son la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”), así como los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (“Principios UNIDROIT”).

Es criterio del Tribunal que el principio de conservación del contrato en la CCIM se deriva del ensanchamiento de los supuestos de validez del contrato y la recíproca limitación de las posibilidades de invalidez. Para ello, ofrece algunos ejemplos, como lo son las normas sobre la formación del contrato, contenidas en los artículos 14 y siguientes de la CCIM, particularmente en lo que se refiere a la precisión de la oferta, fijación tácita o implícita del precio, así como de otros elementos esenciales del contrato.

Con respecto a los Principios UNIDROIT, el Tribunal extrae el principio de conservación contractual del hecho de que los principios promueven el interés de las partes de hacer todo lo posible por mantener vivo el negocio jurídico, a pesar de las imperfecciones que se pueden observar en el curso de la formación o de la ejecución del contrato. Por ello, el principio pretende liminar rigurosamente los casos en los que es posible poner en discusión su validez o poner fin a su existencia antes de la finalización del contrato.

Una vez realizadas dichas precisiones, el Tribunal analiza los hechos del caso y determina que la acción se encontraba caduca al momento de su presentación. Por este motivo, en conjunto con la aplicación del principio de conservación del contrato, procede a rechazar la demanda en todos sus extremos.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

9 April 2015

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. UNIDROIT Principles, Art. 3.2.13, 4.5

Type of contract: Swap

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute with a seat in Madrid arises from a financial contractual relationship, in which a construction company obtained financing from a bank in order to develop a construction project. However, due to a series of complications in the project, the construction company needed to negotiate the terms of the financing, which led it to enter into a swap with the bank, with the apparent intention of improving the terms of the financing.

The conflict began when the construction company identified a series of conditions with respect to the swap, which, in its opinion, were not duly informed. Therefore, arbitration was initiated, in order to seek the nullity of the swap contract, as well as the payment for damages, consisting of the reimbursement of the sums paid to date, in execution of the swap contract. On the other hand, the bank opposed the claim, pointing out that it did comply with its legal duties of information, that the consent was freely given, and that, in any case, the action was time-barred.

Prior to the analysis of the specific case, the Tribunal holds that the present case must be assessed in accordance with the principle of preservation of the agreement, which is an interpretative rule accepted and applied not only in Spanish law -a rule directly applicable to the case-, but also universally. For such assertion, the Tribunal relies on uniform rules, such as the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG»), as well as the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts («UNIDROIT Principles»).

The Tribunal considers that the principle of preservation of the agreement in the CISG derives from the widening of the assumptions of validity of the agreement and the reciprocal limitation of the possibilities of invalidity. In this regard, it offers some examples, such as the rules on the formation of the contract, contained in articles 14 and following of the CISG, particularly regarding the precision of the offer, tacit or implicit fixing of the price, as well as other essential elements of the contract.

Regarding the UNIDROIT Principles, the Tribunal draws the principle of contractual preservation from the fact that the principles promote the interest of the parties to make every effort to keep the legal transaction alive, despite the imperfections that may be observed during the formation or performance of the contract. Thus, the principle is intended to strictly limit the cases in which it is possible to question its validity or to terminate its existence before the end of the contract.

Having made these findings, the Court examines the facts of the case and rules that the action was time-barred at the time it was filed. For this reason, in conjunction with the application of the principle of preservation of the agreement, it proceeds to reject the claim in its entirety.

Mercaderías: Vapor

Disposiciones citadas: UPIC Art.6.2.2,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid se deriva de una relación de suministro de vapor, en el cual se estipuló una fórmula para la determinación del precio del suministro, así como una serie de condiciones que contractualmente permitían la variación de la fórmula. En el caso concreto, el vendedor reclamaba la existencia de una serie de circunstancias que generaron un desequilibrio contractual entre las partes, lo cual contractualmente la amparaba a modificar la fórmula de cálculo. Por ende, inició el arbitraje con el fin de que se tuviese por variada la fórmula, y se condenase al comprador a pagar el sobrecosto generado.

El hecho que motivó la acción del vendedor fue la disminución del número de horas de funcionamiento de las calderas de ciclo combinado. Esta situación implicó para el vendedor un considerable aumento del precio de producción del vapor, al ser necesario recurrir a calderas auxiliares, en vez del ciclo combinado contemplado contractualmente. Por su parte, el comprador se opuso a la demanda sosteniendo que no hubo un cambio en las condiciones económicas generales para motivar la modificación del contrato. Asimismo, en vista de que el vendedor había subrogado la posición de vendedora años después de la ejecución del contrato, el comprador se opuso basado en que el nuevo vendedor asumió el precio que por años en antiguo vendedor aplicó.

Una vez analizadas ambas posiciones, el Tribunal procedió a analizar la cláusula contractual que permitía la modificación de la fórmula del precio, bajo la doctrina de la excesiva onerosidad sobreviniente. En este caso, la demandada invocó las condiciones que contemplan los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (“Principios UNIDROIT”) con el fin de sustentar que, en el caso, no se cumplían los criterios de imprevisibilidad y razonabilidad. El Tribunal reconoció que, conforme al artículo 6.2.2 de los Principios UNIDROIT, la “excesiva onerosidad” sólo es relevante respecto a prestaciones pendientes de cumplimiento, de forma que, si la reclamación versase sobre prestaciones que deban ser cumplidas en parte, al momento del reclamo de la excesiva onerosidad, el principio sólo podrá aplicarse a la prestación pendiente.

No obstante, el Tribunal determinó que, al existir una cláusula contractual pactadas por las partes, en la que se estipuló un sistema de revisión de condiciones contractuales sin limitaciones similares a las realizadas por los Principios UNIDROIT, se determinó que su fuerza interpretativa decaía. En pocas palabras, el Tribunal reconoció que la labor interpretativa de los Principios UNIDROIT no complementaba ni integraba los acuerdos de las partes, cuando en su lectura no se extra una intención de las partes al respecto.

Por tanto, el Tribunal rechazó la aplicación del criterio de aplicar la excesiva onerosidad sobreviniente exclusivamente a prestaciones pendientes de cumplimiento. Lo anterior permitió al Tribunal acoger la pretensión del demandante de reconocer el aumento del precio del vapor a partir del momento en el cual iniciaron las negociaciones para tal efecto.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

25 May 2015

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: UNIDROIT Principles, Art. 6.2.2

Type of goods: Steam

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The dispute arises from a steam supply relationship, in which a formula was stipulated for the determination of the price of the supply, as well as a number of conditions that contractually allowed the variation of the formula. In the specific case, the seller claimed the existence of a certain set of circumstances that generated a contractual imbalance between the parties, which contractually entitled it to modify the calculation formula. Therefore, it initiated the arbitration in order to consider the formula as varied, and to order the buyer to pay the over cost generated.

The event that led to the seller’s claim was the decrease in the number of operating hours of the combined cycle boilers. This situation caused a considerable increase in the price of steam production for the seller, since it was necessary to rely on auxiliary boilers instead of the contractually contemplated combined cycle. On the other hand, the buyer opposed the claim, arguing that there was no change in the general economic conditions to motivate the modification of the contract. Also, since the seller had subrogated the seller’s position years after the conclusion of the contract, the buyer opposed on the grounds that the new seller assumed the price that the previous seller had been charging for years.

Once both positions were analyzed, the Tribunal proceeded to examine the contractual clause that allowed the modification of the price formula, under the doctrine of hardship. In this case, the respondent invoked the conditions set forth in the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts («UNIDROIT Principles») in order to argue that the unforeseeability and reasonableness criteria were not met in this case. The Tribunal recognized that, according to article 6.2.2 of the UNIDROIT Principles, «hardship» is only relevant in respect of outstanding performance, so that, if the claim is for performance to be rendered in part, at the time of the hardship claim, the principle can only apply to the outstanding performance.

However, the Tribunal held that, in the existence of a contractual clause agreed by the parties, which provided for a system of revision of contractual terms without limitations similar to those made by the UNIDROIT Principles, it was determined that its interpretative force lapsed. In short, the Tribunal recognized that the interpretative work of the UNIDROIT Principles did not complement or integrate the agreements of the parties, when its reading did not reveal an intention of the parties in this respect.

Consequently, the Tribunal rejected the application of the criterion of supervening hardship exclusively to benefits pending performance. This allowed the Tribunal to accept the claimant’s request to recognize the increase in the price of steam as of the moment in which the negotiations to that effect began.

Mercaderías: Torres de acero galvanizado

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.71,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

Arbitraje – Corte de Arbitraje de Madrid (CAM)

Laudo Final

29 de julio de 2015

Sede: Madrid, España

Países de las partes: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y España

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.71.

Mercaderías: Torres de acero galvanizado

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

El arbitraje con sede en Madrid entre una parte de Arabia Saudita (vendedora), una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos y otra proveniente de España (compradoras) surge de una controversia en la ejecución de un contrato de suministro de torres de acero galvanizado, como parte de un proyecto constructivo en los Emiratos Árabes Unidos. La vendedora, empresa dedicada a la fabricación de acero, demanda a dos compradoras pertenecientes a un mismo grupo económico, ante la falta de pago del precio de siete facturas emitidas posteriores a la entrega de una serie de órdenes de la mercadería. Las demandadas se oponen al cobro de las facturas, ante la existencia de un incumplimiento previo de la vendedora, por la falta de conformidad y entrega en tiempo de la mercadería.

Para sustentar sus posiciones, las partes invocaron la aplicación de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”). Tanto la demandante como las demandadas solicitaron la aplicación de la Convención, con base en la cláusula de Derecho aplicable contenida en el contrato de suministro, la cual remitía al Derecho español, Estado parte de la misma desde 1990. Sin embargo, por un lado, la demandante sostuvo que la CCIM debía aplicar de manera conjunta con el resto del ordenamiento jurídico español; mientras que las demandadas señalaron que el Tribunal debía aplicar de forma única la CCIM, por estar frente a un supuesto de aplicación indirecta de la misma.

Sobre el particular, el Tribunal concluyó que la posición de las partes reflejaba un acuerdo respecto a la aplicación de la CCIM al presente caso, por lo cual no procedió a analizar los presupuestos de aplicación del artículo 1. Para el Tribunal, este acuerdo de partes durante el arbitraje conllevaba a la aplicación directa de la Convención. Asimismo, el Tribunal determinó que no resultaba necesario resolver la diferencia de las partes respecto a la aplicación conjunta o independiente de la CCIM, respecto al resto del ordenamiento jurídico español, por no existir ninguna consecuencia práctica para la resolución de las demandas de las partes en el arbitraje.

Asimismo, el Tribunal procedió a analizar el artículo 71 de la CCIM. Por un lado, las demandadas sostuvieron que el artículo 71 de la CCIM reconoce el derecho de suspensión o retención de pago por parte del comprador, en virtud del incumplimiento del demandante en la entrega de la mercadería conforme y en tiempo, lo cual resultaba asimilable a la exceptio non adimpleti contractus. Por otro lado, la demandante se opuso a tal defensa, en tanto las demandadas aceptaron e instalaron las torres de acero, y además omitieron notificar la suspensión del cumplimiento, hechos que limitan la posibilidad de las demandadas de invocar el derecho de retención, conforme lo dispone el propio artículo 71 de la CCIM.

El Tribunal consideró que la mercadería entregada era conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato de suministro, y sin retrasos. Por ende, el Tribunal consideró que las demandadas incumplieron con la carga de probar un defecto en la calidad de las torres, por lo cual rechazó la aplicación del derecho de retención a favor de las demandadas; sin necesidad de analizar el resto de los presupuestos de la norma para justificar la suspensión del pago, conforme al artículo 71 de la CCIM.

Una vez realizado este análisis, el Tribunal procedió a declarar con lugar la demanda, y ordenó a las demandadas a pagar la totalidad del precio pactado en el contrato de suministro, de conformidad con las facturas presentadas.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

29 July 2015

Seat: Madrid

Parties’ countries: Saudi Arabia, United Arab Emirates and Spain

Provision applied: CISG Art.1, CISG Art.71.

Type of goods: Towers of galvanized steel

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The arbitration seated in Madrid between a party from Saudi Arabia (seller), a company seated in the United Arab Emirates and other from Spain (buyers) arises from a dispute in the performance of a contract for the supply of galvanized steel towers as part of a construction project in the United Arab Emirates. The claimant, a steel fabrication company, sues the two buyers belonging to an economic group for non-payment of the price of seven invoices issued after the delivery of a series of orders for the goods. The respondents oppose to the collection of the invoices, due to the existence of a previous breach by the seller, for the lack of conformity and timely delivery of the goods.

In support of their positions, the parties invoked the application of the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG»). Both claimant and respondents relied on the application of the Convention, based on the applicable law clause contained in the supply contract, which referred to Spanish law, a State party to the Convention since 1990. However, on the one hand, the claimant argued that the CISG should be applied jointly with the rest of the Spanish legal system; while the respondent pointed out that the Tribunal should apply the CISG exclusively, as it was an indirect application of the CISG.

In this regard, the Tribunal held that the position of the parties represented an agreement as to the application of the CISG to the present case, and therefore did not proceed to analyze the requirements for the application of article 1. Likewise, the Tribunal determined that it was not necessary to resolve the parties’ dispute regarding the joint or independent application of the CISG, with respect to the rest of the Spanish legal system, because there was no practical consequence for the resolution of the parties’ claims in the arbitration.

The Tribunal also examined article 71 of the CISG. On the one hand, the respondents argued that article 71 of the CISG recognizes the right of suspension or withholding of payment by the buyer, due to the failure of the claimant to deliver the goods in conformity and on time, which was assimilable to the exceptio non adimpleti contractus. On the other hand, the claimant opposed such defense, since the respondents proceeded to accept and install the steel towers, and also failed to notify the suspension of performance, facts that prevent the respondents from invoking the right of retention, as provided for in article 71 of the CISG.

The Tribunal considered that the goods delivered were in conformity with the technical specifications agreed in the supply contract and without delays. Consequently, the Court found that the respondents failed to comply with the burden of proving a defect in the quality of the towers, and therefore rejected the application of the withholding right in favor of the respondents; without the need to analyze the rest of the requirements of the Convention to justify the suspension of payment, in accordance with Article 71 of the CISG.

Once this analysis had been carried out, the Tribunal proceeded to uphold the claim and ordered the respondents to pay the totality of the price agreed in the supply contract, in accordance with the invoices issued by the claimant.

Mercaderías: Contrato de licencia de software y prestación de servicios

Disposiciones citadas: CISG Art.25, CISG Art.29, UPIC Art.7.3.1,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa surge de la celebración de un contrato de licencia de uso de un software, mediante el cual el licenciatario utilizaría y explotaría cuatro aplicaciones móviles. Entre las obligaciones del licenciante, además de permitir el uso de las aplicaciones, se pactó la prestación de servicios de mantenimiento de las plataformas. Todo lo anterior se pactó a cambio de un precio por la licencia, así como por los servicios prestados, los cuales se liquidarían mensualmente. Para la puesta en marcha de las aplicaciones, el licenciatario debía enviar una serie de información y materiales al licenciante, para que este último cumpliese con las especificaciones técnicas del contrato.

Sin embargo, ambas partes tuvieron reclamos recíprocos durante la ejecución del contrato. Por una parte, el licenciatario reclamaba incumplimientos respecto al debido funcionamiento de las aplicaciones móviles. Dada la falta de atención a los problemas de las aplicaciones, el licenciatario decidió dejar de pagar las facturas mensuales, en ejercicio de la excepción de contrato no cumplido. Por otra parte, la licenciante reclamaba el incumplimiento del licenciatario, en relación con la entrega de información y materiales para la puesta en marcha de las aplicaciones. Asimismo, la falta de pago provocó que el licenciatario enviase varios requerimientos de pago por varios periodos, hasta la última comunicación en la que se dio por resuelto el contrato.

Bajo este contexto, el licenciante inició el arbitraje, con el fin de que se declarase el incumplimiento esencial del contrato y su resolución, así como la condena al licenciatario al pago de daños y perjuicios. Sobre el reclamo y las defensas planteadas, la primera de las conclusiones del Tribunal fue que, de la prueba existente, habían existido incumplimientos en la entrega de la información, por lo cual el demandado no podía invocar la excepción de contrato no cumplido. Esto provocó que el Tribunal analizase si la falta de entrega de información, así como el no pago de las facturas por seis meses, en un contrato de duración de dos años, justificaba su resolución.

Para ello, hizo la aclaración que, conforme al Derecho español, norma aplicable al fondo de la disputa, la resolución contractual procedía en caso de incumplimiento grave o esencial. Para la aplicación del concepto de incumplimiento esencial, recurrió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, la cual ha interpretado este concepto conforme al artículo 7.3.1 de los Principios UNIDROIT, así como a los numerales 25 y 49 de la CCIM. De dichos fallos, entendió que el incumplimiento esencial es aquél que priva a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar, o si otorga a la parte perjudicada razones para creer que no puede confiar en el cumplimiento efectivo de la otra.

Para el Tribunal, estos artículos conllevan a considerar esencial aquel incumplimiento que ha de recaer sobre la esencia de lo pactado, y ser de tal índole que implica el fin normal del contrato, frustrando las legítimas aspiraciones de la parte que inste la resolución. En el caso concreto, el Tribunal determinó que la obligación del licenciatario de envío de información y materiales para la puesta en marcha de las aplicaciones móviles era esencial, en tanto, por las condiciones del caso, su incumplimiento frustraba la ejecución del resto del proyecto.

Ante tales circunstancias, el Tribunal determinó que este incumplimiento, que se mantuvo a pesar de múltiples requerimientos escritos por parte de la licenciante, implicaba una frustración del fin del contrato. Por ende, se declaró que la resolución del contrato había sido legítima, y que procedía la condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

30 June 2016

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 25 and 49; UNIDROIT Principles, Art. 7.3.1

Type of contract: Software licensing and service supply

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute arises from the execution of a software license agreement, whereby the licensee would use and exploit four mobile applications. Among the obligations of the licensor, in addition to allowing the use of the applications, it was agreed to provide maintenance services for the platforms. All of the above was agreed in exchange for a license fee, as well as for the services rendered, which would be paid on a monthly basis. For the implementation of the applications, the licensee had to send a series of information and materials to the licensor, so that the latter could comply with the technical specifications of the contract.

However, both parties had reciprocal claims during the performance of the contract. On one hand, the licensee claimed non-compliance with respect to the proper functioning of the mobile applications. Given the lack of attention to the problems of the applications, the licensee decided to stop paying the monthly invoices, exercising the non-adimpleti contractus exception. On the other hand, the licensor claimed that the licensee had failed to deliver information and materials for the implementation of the applications. Likewise, the licensee’s failure to pay caused the licensee to send several payment requirements for various periods, until the last communication in which the contract was terminated.

Under this context, the licensor initiated the arbitration, in order to seek a declaration of fundamental breach of the contract and its termination, as well as an order to pay damages to the licensee. Regarding the claim and the defenses raised, the first of the Tribunal’s conclusions was that, from the existing evidence, there had been breaches in the supply of the information, so that the defendant could not invoke the non-adimpleti contractus exception. This led the Court to analyze whether the failure to provide information, as well as the non-payment of invoices for six months, in a two-year contract, justified its termination.

For this purpose, it made the observation that, in accordance with Spanish law, which is the applicable law to the merits of the dispute, the termination of the contract was applicable in the event of material or fundamental breach. For the application of the concept of fundamental breach, it resorted to the case law of the Spanish Supreme Court, which has interpreted this concept in accordance with article 7.3.1 of the UNIDROIT Principles, as well as sections 25 and 49 of the CISG. From these rulings, it understood that fundamental breach is one that deprives the victim of what it was entitled to expect, or if it gives the victim reason to believe that it cannot rely on the effective performance of the other party.

According to the Court, these articles lead to consider as fundamental the non-performance that must affect the essence of what was agreed, and be of such nature that it implies the ordinary purpose of the contract, frustrating the legitimate aspirations of the party requesting the termination of the contract. In the specific case, the Court determined that the licensee’s obligation to send information and materials for the implementation of the mobile applications was fundamental, inasmuch as, due to the conditions of the case, its non-performance frustrated the execution of the rest of the project.

Under these circumstances, the Court concluded that this breach, which continued despite multiple written requests from the licensor, implied a frustration of the purpose of the contract. Therefore, it held that the termination of the contract had been legitimate, and that it was appropriate to order the payment of the damages caused by the default.

Mercaderías: Carbón (coque metalúrgico)

Disposiciones citadas: CISG Art. 1.1, CISG Art.30, CISG Art.45, CISG Art.81.2, CISG Art.84.1, CISG Art.108,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

Arbitraje – Corte de Arbitraje de Madrid (CAM)

Laudo Final

05 de agosto de 2016

Sede: Madrid, España

Países de las partes: Emiratos Árabes Unidos y Colombia

Disposiciones citadas: CISG Art. 1.1, CISG Art.30, CISG Art.45, CISG Art.81.2, CISG Art.84.1, CISG Art.108.

Mercaderías: Carbón (coque metalúrgico)

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

El arbitraje con sede en Madrid surgió entre un comprador de Emiratos Árabes Unidos (demandante) y un vendedor de Colombia (demandada), en relación con un reclamo por incumplimiento de las obligaciones de entrega asumidas por la parte vendedora de un contrato de compraventa internacional de carbón (coque metalúrgico). A pesar de que la compradora hizo un pago inicial del 65% del precio, la vendedora no cumplió con las fechas de entrega previstas en el contrato. El comprador realizó múltiples reclamos al vendedor, dado que no se cumplía con el cronograma previsto para la salida de los buques del puerto, lo cual llevó a negociaciones entre las partes, para reducir la cantidad de mercadería a entregar y posteriormente a la devolución del dinero.

Sin embargo, las negociaciones fueron infructuosas, la mercadería no fue entregada, y el precio pagado nunca fue reintegrado por el vendedor. Con base en estos hechos, la demandante solicitó al Tribunal que declarase la procedencia de la resolución del contrato previamente comunicada a la demandada, así como el pago de daños y perjuicios, que consistían en el reintegro del precio pagado, así como intereses. En el arbitraje, la parte demandada basó su defensa en la existencia de fuerza mayor, con base en la cláusula pactada en el contrato de compraventa.

El primero de los asuntos resueltos por el Tribunal en el laudo fue la ley aplicable al fondo de la disputa. Se concluyó que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”) era la norma aplicable al fondo. El Tribunal analizó que se estaba frente a una compraventa internacional de mercaderías, pues se dio entre partes con establecimiento en Estados diferentes (Emiratos Árabes Unidos y Colombia).

Para el Tribunal, el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos no fuesen parte de la Convención no excluía su aplicación, en tanto el artículo 1.1 de la CCIM prevé su aplicación cuando las normas de derecho internacional privado del foro prevean la aplicación del Derecho de un Estado contratante. En el caso concreto, el Tribunal invocó como norma de derecho internacional privado el Reglamento Roma I, el cual en su artículo 3.1 proclama la libertad de elección de ley aplicable. Por ende, la elección del Derecho español, Estado Parte de la Convención, en el caso concreto implicaba la aplicación mediata o indirecta de la CCIM al caso concreto.

Respecto al fondo del asunto, el Tribunal analizó los artículos 30 y 45 de la CCIM y concluyó que las obligaciones de entrega en contratos de compraventa son esenciales, sin necesidad de mayor análisis, pues el incumplimiento de la entrega se dio en su totalidad. Por ende, procedía la resolución contractual conforme al artículo 49.4.a) de la CCIM, la cual, entre sus efectos, se encontraba la restitución de la obligación ya prestada, como lo es el pago del precio, según los artículos 81.2 y 84.1 de la CCIM.

Dicha restitución, según el Tribunal, acarrea el pago de intereses, de conformidad con los artículos 45.1 y 84.1 de la Convención, así como el numeral 1124 del Código Civil español. Conforme a esta última disposición, el Tribunal determinó que el devengo de intereses existe desde la fecha en la que se realizó el pago, en tanto la demandada hizo disfrute del monto pagado a partir de esa fecha sin cumplir su contraprestación, lo cual lo hace un disfrute ilegítimo. En vista de que ni el contrato ni la CCIM incluyen disposiciones relativas al tipo de interés aplicable, el Tribunal acudió a fuentes supletorias como lo es el artículo 1108 del Código Civil español y realizó el cálculo de intereses conforme a la tasa de interés legal vigente en España.

Finalmente, el Tribunal rechazó las alegaciones de fuerza mayor de la demandada, no sólo por la falta de prueba de los reclamos, sino además por resultar contradictoria con actos previos, en los que nunca se invocó la imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor. Por ende, la demanda fue acogida, se tuvo por resuelto el contrato, y se condenó al pago de los daños e intereses reclamados.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

05 August 2016

Seat: Madrid

Parties’ countries: United Arab Emirates and Colombia

Provision applied: CISG Art. 1.1, CISG Art.30, CISG Art.45, CISG Art.81.2, CISG Art.84.1, CISG Art.108.

Type of goods: Coal

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The arbitration seated in Madrid between a buyer from United Arab Emirates (claimant) and a Colombian seller (respondent) arose from a claim for breach of the delivery obligations assumed by the seller of an international sale of coal (metallurgical coke) contract. Although the buyer made an initial payment of 65% of the price, the seller failed to comply with the delivery dates set forth in the contract. The buyer made multiple claims to the seller, since the schedule for the departure of the vessels from the port had not been met, which led to negotiations between the parties to reduce the amount of goods to be delivered and subsequently to the return of the money.

However, the negotiations were unsuccessful, the goods were not delivered, and the price paid was never reimbursed by the seller. Based on these facts, the claimant requested the Court to uphold the termination of the contract previously communicated to the respondent, as well as the payment of damages, which consisted of the reimbursement of the paid price, as well as interests. In the arbitration, the respondent based its defense on the existence of force majeure, based on the clause agreed in the purchase contract.

The first of the issues resolved by the Tribunal in the award was the applicable law to the merits of the dispute. It was concluded that the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG») was the applicable law on the merits. The Tribunal analyzed that the case involved an international sale of goods, as it was between parties with places of business in different States (United Arab Emirates and Colombia).

For the Tribunal, the fact that the United Arab Emirates was not a Contracting State to the Convention did not preclude its application, since Article 1.1 of the CISG provides its application when the rules of private international law of the forum provide for the application of the law of a Contracting State. In the specific case, the Court invoked as a rule of private international law the Rome I Regulation, which in its article 3.1 proclaims the freedom of choice of applicable law. Therefore, the choice of Spanish law, a Contracting State to the Convention, in the specific case implied the mediate or indirect application of the CISG to the given case.

Regarding the merits of the case, the Court analyzed Articles 30 and 45 of the CISG and concluded that the delivery obligations in sales contracts are fundamental, without the need for further analysis, since the failure to deliver was in its entirety. Therefore, the contractual termination was appropriate, which, among its effects, was the restitution of the obligation already rendered, such as the payment of the price, according to articles 81.2 and 84.1 of the CISG.

Such restitution, according to the Tribunal, entails the payment of interests, in accordance with Articles 45.1 and 84.1 of the Convention, as well as Sector 1124 of the Spanish Civil Code. Pursuant to the latter provision, the Tribunal held that the accrual of interest exists from the date on which the payment was made, inasmuch as the Respondent enjoyed the price from that date without fulfilling its consideration, which makes it an illegitimate enjoyment. Since neither the contract nor the CCIM include provisions regarding the applicable interest rate, the Tribunal relied on supplementary sources such as Article 1108 of the Spanish Civil Code and calculated interest in accordance with the legal interest rate in force in Spain.

Finally, the Court rejected the defendant’s allegations of force majeure, not only due to the lack of proof of the claims, but also because they were contradictory to previous acts, in which the impossibility of performance due to force majeure was never invoked. Therefore, the claim was granted, the contract was deemed to be terminated, and the respondent was ordered to pay the damages sought.

Mercaderías: Gas natural licuado

Disposiciones citadas: CISG Art.71, CISG Art.79, UPIC Art.7.1.7,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid surge de un contrato de suministro de gas natural licuado, contrato a largo plazo entre las partes, el cual establecía una cantidad anual contratada, la cual podía ajustarse, dependiendo del cumplimiento de una serie de condiciones contractuales. La compradora inicia el arbitraje en reclamo de la falta de entrega de la cantidad anual contratada en tres periodos, por lo cual solicita la ejecución forzosa del contrato, así como el pago de daños y perjuicios. Por su parte, la vendedora señala que la cantidad entregada correspondía al ajuste que contractualmente debía aplicarse, y subsidiariamente, que habían existido circunstancias de fuerza mayor que impedían la entrega de la cantidad anual contratada.

El Tribunal determinó que la disputa estaba principalmente vinculada a aspectos de la interpretación de las disposiciones contractuales, así como del Derecho aplicable, el cual era el español. Para llevar a cabo dicha labor, el Tribunal señala que los contratos deben ser analizados conforme su contexto, el cual, en el caso concreto, se utilizó el carácter internacional de la transacción, la experiencia de las compañías en el mercado, y las particularidades del mercado del gas natural licuado. Lo anterior hizo que el Tribunal aplicase instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”) y los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (“Principios UNIDROIT”), como criterio orientador para la interpretación de los términos contractuales.

La utilización de estos instrumentos internacionales se llevó a cabo durante el análisis de la defensa de fuerza mayor invocada por la demandada. En el arbitraje, se argumentó que la falta de entrega de la totalidad del gas natural licuado se dio por un recorte aplicado por la proveedora del gas a la demandada, lo cual era imprevisible e inevitable para el vendedor. Sin embargo, la demandante se opuso a tal defensa, bajo la base de que se estaba frente a la compra de un bien genérico, el cual el contrato no limitaba a que se adquiriese mediante un proveedor particular.

El Tribunal inició el análisis de la fuerza mayor diferenciando la figura desde una perspectiva legal (o de carácter externo) y la contractual (o de origen interno). En el caso de la fuerza mayor de origen legal, la definió como aquélla de naturaleza fatal e incontenible, que modifica o exime al deudor de las consecuencias de la falta de prestación o de la prestación tardía o incompleta. El Tribunal extrajo esta noción del artículo 7.1.7 de los Principios UNIDROIT, el cual exige que el deudor acredite que la falta de cumplimiento fue causada por un impedimento fuera de su control.

La falta de control del obligado sobre el hecho de fuerza mayor se define por dos condiciones: (i) razonablemente no podía preverse el impedimento al momento de la celebración del contrato; y (ii) no podía evitarse ni superarse las consecuencias del impedimento. Este hecho fuera del control de las partes también debe ser externo, fuera del control del obligado, lo cual el Tribunal extrae de los artículos 71 y 79 de la CCIM, así como del 7.1.7 de los Principios UNIDROIT.

Bajo estas condiciones, el Tribunal determinó que no existía causa de fuerza mayor que justificase la falta de entrega del gas, conforme a la cantidad pactada. El Tribunal consideró que no se trataba de un hecho imprevisible, en tanto el conocimiento del mercado del vendedor debía conocer que los proveedores de gas pueden tener limitaciones en la entrega del gas, especialmente por el conocimiento del vendedor sobre los problemas previos que había tenido ese proveedor. Asimismo, tampoco era inevitable, en tanto la restricción no se produjo globalmente, solo respecto a un proveedor, por lo cual el vendedor pudo haber requerido a otros proveedores de gas natural licuado, que se encontraban en la capacidad de proveer el bien conforme a las especificaciones contractuales.

Inclusive, el Tribunal determinó que, el hecho de que la prestación se hubiese tornado en más onerosa para el vendedor, no justificaba el incumplimiento por fuerza mayor, dado que este hecho lo que daba derecho es al reequilibrio contractual, basado en la figura de la excesiva onerosidad sobreviniente. En todo caso, al estar frente a un contrato de larga duración, por más de 15 años, resultaba normal que la vendedora asumiese el riesgo de los aumentos temporales del precio del gas, y además requería un esfuerzo mayor en la búsqueda de alternativas para poder cumplir con el suministro. Por ende, concluyó el Tribunal que no se estaba frente a una situación externa, sino frente a una decisión del vendedor de no buscar alternativas para cumplir con el suministro.

En consecuencia, el Tribunal rechazó la defensa de la demandada, por lo cual determinó que estaba obligada a entregar la cantidad de gas natural licuado, en los términos contractuales. Ante tales circunstancias, el Tribunal ordenó al vendedor la ejecución forzosa del contrato.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

11 October 2016

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 71 y 79; UNIDROIT Principles, Art. 7.1.7.

Type of goods: Liquefied natural gas

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute arises from a contract for the supply of liquefied natural gas, a long-term contract between the parties, which established an annual contracted supply quantity, which could be adjusted, depending on the fulfillment of certain contractual conditions. The buyer initiated the arbitration claiming the non-delivery of the contracted annual quantity in three periods, for which it requested the forced performance of the contract, as well as the compensation for damages. On the other hand, the seller points out that the amount delivered corresponded to the adjustment that contractually should be applied, and alternatively, that there were force majeure circumstances that prevented the delivery of the contracted annual quantity.

The Tribunal concluded that the dispute was mainly linked to aspects of the interpretation of the contractual provisions, as well as the applicable law, which was the Spanish law. In order to carry out this assessment, the Tribunal noted that contracts must be analyzed according to their context, which, in the specific case, relied on the international nature of the transaction, the experience of the companies in the market, and the particularities of the liquefied natural gas market. This led the Tribunal to apply international instruments such as the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG») and the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts («UNIDROIT Principles»), as a guiding criterion for the interpretation of the contractual terms.

The application of these international instruments was made during the analysis of the defense of force majeure invoked by the respondent. In the arbitration, it was argued that the non-delivery of all the liquefied natural gas was due to a cutback applied by the gas supplier to the respondent, which was unforeseeable and unavoidable for the seller. However, the claimant objected to such defense, on the grounds that it was dealing with the purchase of a generic good, which the agreement did not limit to be acquired through a particular supplier.

The Tribunal began the analysis of force majeure by differentiating the figure from a legal (or external) and contractual (or internal) perspective. In the case of force majeure of legal nature, it defined it as that of a fatal and uncontainable nature, which modifies or exempts the obligor from the consequences of non-performance or late or incomplete performance. The Tribunal drew this notion from Article 7.1.7 of the UNIDROIT Principles, which requires the obligor to prove that the non-performance was caused by an impediment beyond its control.

The obligor’s lack of control over the force majeure event is defined by two conditions: (i) the impediment could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and (ii) the consequences of the impediment could not have been avoided or overcome. This event beyond the control of the parties must also be external, beyond the obligor’s control, which the Tribunal draws from Articles 71 and 79 of the CISG, as well as from 7.1.7 of the UNIDROIT Principles.

Under these conditions, the Tribunal ruled that there was no force majeure to justify the non-delivery of the gas, according to the agreed quantity. The Tribunal held that it was not an unforeseeable event, since the seller’s knowledge of the market should have been aware that gas suppliers may have limitations in the delivery of gas, especially due to the seller’s knowledge of the previous problems that this supplier had had. Furthermore, it was not inevitable, since the restriction did not occur globally, only with respect to one supplier, so that the seller could have required other suppliers of liquefied natural gas, which were able to provide the good according to the contractual specifications.

The Tribunal even considered that the fact that the performance had become more onerous for the seller did not justify the breach due to force majeure, since this fact entitled the seller to rebalance the contract, based on the concept of hardship. Nevertheless, in the case of a long-term contract, for more than 15 years, it was normal for the seller to assume the risk of temporary increases in the price of gas, and also required a greater effort in the search for alternatives in order to be able to comply with the supply. Therefore, the Tribunal concluded that it was not an external situation, but a decision of the seller not to seek alternatives to meet the supply.

Consequently, the Tribunal rejected the defense of the respondent, and therefore determined that it was obliged to deliver the quantity of liquefied natural gas, according to the contractual terms. Under these circumstances, the Tribunal ordered the forced performance of the contract.

Mercaderías: Contrato de patrocinio

Disposiciones citadas: CISG Art.8.3,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La controversia del presente arbitraje con sede en Madrid se centra en la interpretación de un contrato de patrocinio celebrado entre las partes en el año 2011. El patrocinio otorgado por la demandada consistía en realizar un descuento en la compra de billetes para transporte de personas, el cual se realizaba mediante el envío de facturas que mensualmente realizaba el demandante, conforme adquiría los billetes. Conforme al contrato, el patrocinio ascendería hasta los seis millones de euros (EUR 6.000.000).

La disputa surge en tanto, a la finalización de la ejecución del contrato, las partes tuvieron discrepancias respecto a su interpretación. Por una parte, el demandante consideraba que la demandada se había comprometido a dar un patrocinio por un monto fijo, sin condición alguna, por lo cual tenía derecho a emitir una factura al final de la ejecución del contrato, respecto al monto restante que no se había pagado aún. Por otra parte, la demandante interpretaba que el patrocinio estaba sujeto a la compra de los billetes, por lo cual, si no se compraban los billetes suficientes, no existía la obligación de pagar la totalidad del monto a patrocinar.

El Tribunal determinó que debía proceder a realizar una interpretación del contrato y sus cláusulas. Sin embargo, determinó que la interpretación literal era insuficiente en el caso contrato, pues dejaba dudas sobre la intención de las partes por su falta de claridad. Por ende, procedió a aplicar otras reglas de interpretación, para determinar la intención de las partes. Entre los métodos de interpretación utilizados, se recurrió al principio de voluntad real de las partes, el cual está consagrado tanto por la legislación española, así como en el artículo 8.3 de la CCIM.

Con respecto al artículo 8.3 de la CCIM, el Tribunal concluyó que, para reconstruir la voluntad de las partes, el intérprete debe analizar todo el bagaje de relaciones, actos y declaraciones realizadas por los intervinientes antes de la celebración del contrato. Lo anterior incluye no solo los tratos preliminares, sino también todo tipo de declaraciones auxiliares o complementarias que las partes hayan efectuado en ese periodo en relación con el contrato. Asimismo, comprendió que en este análisis, debía complementarse con la doctrina de actos propios, en el sentido de que los elementos para interpretar el contrato son aquellos que sean coherentes con las expectativas generadas por el comportamiento de las partes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal analizó, en primer lugar, la ejecución de contratos de patrocinio previamente celebrados por partes, los cuales tenían un clausulado idéntico al del caso concreto. Al analizar estos contratos, así como a las actuaciones llevadas a cabo por las partes durante su ejecución, el Tribunal concluyó que el patrocinio siempre estuvo ligado a la compra de billetes. Por todo ello, de conformidad con los actos anteriores, coetáneos y posteriores de las partes, pero esencialmente de acuerdo con los actos previos (actos propios) en el desarrollo de la relación contractual previa, el patrocinio estaba sujeto a la compra de billetes, sin existir una obligación de pago del monto total estipulado en el contrato, sin mediar dicha compra.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

16 January 2017

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 8.3

Type of contract: Sponsorship

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute in this arbitration arises from the interpretation of a sponsorship agreement entered into between the parties in 2011. The sponsorship granted by the defendant consisted of a discount on the purchase of tickets for passenger transportation, which was carried out by means of monthly invoices sent by the claimant, as the tickets were purchased. According to the contract, the sponsorship would amount to six million euros (EUR 6,000,000).

The dispute arises inasmuch as, at the end of the performance of the contract, the parties had a disagreement as to the interpretation of the contract. On the one hand, the claimant considered that the respondent had committed itself to provide sponsorship for a fixed amount, without any condition, and was therefore entitled to issue an invoice at the conclusion of the contract performance, in respect of the remaining amount that had not yet been paid. On the other hand, the claimant interpreted that the sponsorship was subject to the purchase of tickets, so that if sufficient tickets were not purchased, there was no obligation to pay the full amount to be sponsored.

The Tribunal determined that it should proceed with an interpretation of the contract and its clauses. However, it determined that the literal interpretation was insufficient in the case at hand, as it left doubts as to the parties’ intent due to its lack of clarity. Therefore, it proceeded to apply other rules of interpretation to determine the intention of the parties. Among the methods of interpretation used, the principle of the real will of the parties, which is enshrined both in Spanish law and in article 8.3 of the CISG, was used.

With respect to Article 8.3 of the CISG, the Tribunal concluded that, in order to reconstruct the will of the parties, the interpreter must analyze the whole baggage of relationships, acts and statements made by the parties prior to the conclusion of the contract. This includes not only the preliminary dealings, but also all kinds of collateral or complementary statements made by the parties during that period in connection with the contract. It also understood that this analysis should be complemented by the doctrine of estoppel, in the sense that the elements for interpreting the contract are those that are consistent with the expectations generated by the behavior of the parties.

In accordance with the foregoing, the Tribunal first analyzed the execution of sponsorship contracts previously entered into by the parties, which had identical clauses to those of the specific case. Upon analyzing these contracts, as well as the actions carried out by the parties during their performance, the Tribunal concluded that the sponsorship was always linked to the purchase of tickets. Therefore, in accordance with the parallel and subsequent acts of the parties, but essentially in accordance with the prior acts (own acts) in the development of the previous contractual relationship, the sponsorship was subject to the purchase of tickets, without there being an obligation to pay the total amount stipulated in the contract, without such purchase.

Mercaderías: Contrato de alquiler de máquinas

Disposiciones citadas: CISG Art.25,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

El caso con sede en Madrid deriva de un contrato de alquiler de máquinas recreativas, a largo plazo, con la opción de prórrogas automáticas, salvo la existencia de un preaviso dentro del plazo de los tres meses previos a la terminación del plazo contractual. Cabe destacar que el contrato especificaba que, en caso de prórroga automática, procedía un pago íntegro del precio. Por otro lado, en caso de que una de las partes se negara a renovar el contrato, sin cumplir con el plazo de preaviso, se aplicaría una cláusula penal por el incumplimiento.

Bajo los términos contractuales anteriormente señalados, la parte demandante reclamaba la existencia de un incumplimiento contractual, en tanto el demandado irrespetó el plazo de preaviso contractual al haber dado por terminado el contrato dos meses y medio antes de la terminación del plazo. Por ende, en su demanda, se reclamaba la resolución del contrato, así como el pago de daños liquidados conforme a la cláusula penal pactada.

En primer lugar, el Tribunal concluyó que la prueba presentada en el caso acreditaba que la notificación dada por la demandada para dar por finalizado el contrato ocurrió con dos meses y medio de antelación. Esta actuación fue catalogada por el Tribunal como un cumplimiento tardío, extemporáneo e imperfecto de la obligación de la obligación de preaviso. Ante tales circunstancias, procedió a analizar si este incumplimiento provocaba o no la resolución del contrato.

Para analizar la resolución contractual, el Tribunal utilizó el criterio de incumplimiento esencial, el cual consideró aplicable en el Derecho español. Para interpretar dicho concepto, el Tribunal echó mano al criterio de incumplimiento esencial aplicable según el artículo 25 de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, como criterio orientador del ordenamiento jurídico español, según los antecedentes del Tribunal Supremo. Conforme a dicha norma, el Tribunal determinó que existe incumplimiento esencial en caso de que exista una frustración de la finalidad del contrato, por lo cual, para determinar la gravedad del incumplimiento del demandado, se debía analizar si el incumplimiento frustraba su finalidad.

El Tribunal analizó las cláusulas contractuales y determinó que el plazo contractual era esencial, dada la previsión de una cláusula penal en caso de terminación unilateral. Incluso, determinó que el preaviso para la no renovación del contrato tenía un significado importante, pues su falta de ejercicio implicaba la renovación tácita del contrato. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el plazo en sí de preaviso no ostentaba tales características, en tanto las partes ya habían modificado con anterioridad el plazo de preaviso. Asimismo, el Tribunal determinó que el atraso de quince días en el preaviso no suponía un incumplimiento esencial, pues no se había probado una razón que en el caso concreto este atraso implicase la frustración de la finalidad del contrato.

Por lo tanto, el plazo de preaviso debía catalogarse como una obligación accesoria. En todo caso, este incumplimiento sí daba derecho al demandante al pago de la cláusula penal pactada. No obstante, el Tribunal procedió a moderar la misma, respecto a los 17 días en los que la demandada se atrasó en notificar la no renovación del contrato.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

22 May 2017

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 25

Type of contract: Machines leasing

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The case arose from a long-term contract for the leasing of entertainment machines, with the option of automatic extensions, unless notice was given within three months prior to the expiration of the contractual term. It should be noted that the contract specified that, in the event of automatic extension, full payment of the price was due. On the other hand, in the event that one of the parties refused to renew the contract, without complying with the notice period, a penalty clause would be applied for the default.

Under the aforementioned contractual terms, the plaintiff claimed the existence of a breach of contract, since the defendant disrespected the contractual notice period by terminating the contract two and a half months before the expiration of the term. Therefore, the claimant sought the termination of the contract, as well as the payment of liquidated damages in accordance with the agreed penalty clause.

First, the Tribunal concluded that the evidence presented in the case showed that the notice given by the Respondent to terminate the contract occurred two and a half months in advance. This action was considered by the Court as a late, delayed and imperfect fulfillment of the duty to give notice. Under such circumstances, it proceeded to analyze whether or not this non-compliance led to the termination of the contract.

To analyze the termination of the contract, the Tribunal used the criterion of fundamental breach, which it considered applicable under Spanish law. To interpret this concept, the Tribunal used the criterion of fundamental breach applicable under Article 25 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods, as a guiding criterion of the Spanish legal system, according to the precedents of the Supreme Court. According to this rule, the Tribunal determined that there is a fundamental breach if there is a frustration of the purpose of the contract, therefore, in order to determine the seriousness of the respondent’s breach, it was necessary to analyze whether the breach frustrated the purpose of the contract.

The Tribunal examined the contractual clauses and determined that the contractual term was essential, given the provision of a penalty clause in the event of unilateral termination. It even determined that the notice period for non-renewal of the contract had an important meaning, since failure to exercise it implied the tacit renewal of the contract. However, the Tribunal concluded that the period itself did not have such characteristics, since the parties had already modified it before. The Tribunal also determined that the fifteen-day delay in the notice period did not amount to a fundamental breach, since it had not been proven that in the specific case this delay implied the frustration of the purpose of the contract.

Therefore, the notice period should be classified as an accessory obligation. In any case, this breach did entitle the claimant to the payment of the agreed penalty clause. However, the Tribunal proceeded to moderate it, with respect to the 17 days in which the defendant was late in notifying the non-renewal of the contract.

Mercaderías: Contrato de compraventa de acciones y contrato de distribución de periódicos

Disposiciones citadas: CISG Art. 8.3, CISG Art.17, CISG Art.29, CISG Art.35, CISG Art.38, CISG Art.39,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La presente disputa con sede en Madrid surge de la celebración de un contrato de compraventa de acciones, paralelamente con un convenio de distribución exclusiva de periódicos. La ejecución de ambos contratos conllevó a varias diferencias entre las partes, como lo eran la determinación del precio final de la compraventa derivado de los ajustes al precio previsto en el contrato, la existencia o no del derecho de un descuento previsto en el contrato de distribución, e incumplimientos relacionados a las declaraciones y garantías realizadas por el vendedor respecto al estado de la sociedad, y los daños y perjuicios que de éstos se derivan.

En diferentes secciones del laudo, el Tribunal recurre a la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”), como fuente inspiradora del ordenamiento jurídico español, norma aplicable al caso. El Tribunal no entró a analizar la aplicación directa de dicho instrumento al arbitraje, sino por ser considerados principios en la práctica del comercio y del Derecho de los Contratos.

Bajo este supuesto, en primer lugar, el Tribunal utilizó criterios de ambos instrumentos para determinar el procedimiento aplicable a la determinación del precio final de la compraventa. En vista de que el contrato determinaba un doble procedimiento para ajustar el precio inicialmente pactado, las partes dieron una interpretación distinta a la forma en la cual éste se debía ejecutar. Por una parte, la compradora consideraba que la determinación del precio debía determinarse conforme al criterio de un tercer experto, por lo acordado por las partes en comunicaciones posteriores a la celebración del contrato.

El Tribunal determinó que era posible que las partes hubiesen modificado el procedimiento para la determinación del precio sin formalidad alguna, más allá de la existencia del consentimiento. Lo anterior lo extrajo del principio derivado del artículo 29.1 de la CCIM, el cual señala que el contrato podrá modificarse o extinguirse por el mero acuerdo de partes. Esta modificación se podía dar por medio de intercambio de oferta y aceptación, no obstante, el artículo 17 de la CCIM establece como criterio inspirador que, una vez rechazada la oferta, ésta queda extinguida. Bajo los principios señalados, el Tribunal rechazó la posición de la compradora, en tanto entendió del intercambio de comunicaciones que la vendedora rechazó el método propuesto por la compradora, dados los altos gastos que implicaba la propuesta.

Para el Tribunal, este comportamiento fue suficiente para determinar que no existió consentimiento de modificar el contrato. En todo caso, el Tribunal también lo justificó con base en la teoría de actos propios, el cual el Tribunal consideró se extrae del artículo 29.2 de la CCIM, dado el comportamiento posterior de la vendedora sobre la propuesta del comprador, la cual fue siempre en oposición al mismo. Incluso, el hecho de que la vendedora no hubiese tenido participación durante el procedimiento en el que el comprador contrató al tercero experto para que emitiese su criterio, refleja su falta de consentimiento respecto a la aplicación de dicho método.

En vista de que el Tribunal rechazó la tesis de la compradora, en segundo lugar, se procedió a analizar los términos del contrato, para determinar el procedimiento aplicable a la determinación del precio. En este sentido, utilizó como criterio inspirador el artículo 8.3 de la CCIM, respecto a que la intención de las partes al momento de celebrar un acuerdo se extrae de las circunstancias pertinentes del caso, como lo son las negociaciones, las prácticas establecidas entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior. Bajo tales circunstancias, en el caso concreto, el Tribunal concluyó que las partes había prescindido de una de las fases del procedimiento para la determinación del precio que normalmente se utilizan a nivel financiero.

En tercer lugar, el Tribunal analizó los reclamos de incumplimiento por parte del vendedor, ante supuestas imprecisiones en relación con las declaraciones y garantías realizadas al comprador, en el contrato. El comprador argumentaba que el vendedor no tenía derecho a reclamar por perjuicios causados posterior a la celebración del contrato, pues al momento en el que se realizaron las declaraciones, se desconocían los hechos que se reclaman en el arbitraje.

No obstante, el Tribunal rechazó dicha tesis, dado que, independientemente del momento en el que el vendedor tuvo conocimiento de los hechos, el origen del reclamo fue previo a la celebración del contrato. Para justificar tal conclusión, el Tribunal recurrió al principio establecido por el artículo 35 de la CCIM, respecto a la conformidad de la mercadería, la cual el vendedor garantiza, aún y cuando el hecho que da pie a la falta de conformidad llegase a su conocimiento posterior a la entrega de la misma.

En cuarto lugar, el Tribunal analizó una alegación de la vendedora, sobre la prescripción de los reclamos del comprador, invocando un plazo de “prescripción convencional”. El Tribunal determinó que el plazo establecido contractualmente resultaba asimilable al plazo para reclamar la falta de conformidad de las mercaderías estipulado en los artículos 38 y 39 de la CCIM, lo cual corresponde al régimen de incumplimiento contractual, en el cual se determina la posibilidad de ejercer un sistema de remedios.

Sin embargo, en el contrato las partes no determinaron las consecuencias de la falta de reclamo dentro del plazo fijado, por lo cual no se puede equiparar a un plazo de prescripción. A juicio del Tribunal, la consecuencia de no notificar el reclamo dentro del plazo implica una reducción del reclamo de daños y perjuicios, en vista del incumplimiento del deber de mitigar los daños, el cual es un principio general en el sistema jurídico español y en la CCIM. Por lo anterior, el Tribunal rechazó las alegaciones de prescripción del vendedor.

Con base en las consideraciones anteriormente explicadas, en Tribunal procedió a declarar parcialmente con lugar la demanda y la reconvención planteadas por las partes, procedió a fijar el precio final de las acciones, y declaró que ambas partes habían incurrido en incumplimientos. Todo lo anterior, permitió la liquidación de daños y perjuicios a favor de ambas partes.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

21 September 2017

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 8.3, 17, 29, 35, 38 y 39.

Type of contract: Sale and purchase of shares and exclusive distribution

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute arises from the execution of a share purchase and sale agreement, in parallel with an exclusive newspaper distribution agreement. The execution of both contracts led to several conflicts between the parties, such as the determination of the final purchase price derived from the adjustments to the price provided in the contract, the existence or not of the right to a discount provided in the distribution contract, and breaches related to the representations and warranties made by the seller with respect to the condition of the company, and the damages arising therefrom.

In different sections of the award, the Tribunal refers to the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG»), as a source of inspiration for the Spanish legal system, which is the applicable law to the case. The Tribunal did not analyze the direct application of said instrument to the arbitration, but rather because they are considered principles in the practice of commerce and contract law.

Under this scenario, in the first place, the Tribunal relied on criteria from this instrument to determine the procedure applicable to the calculation of the final price of the sale and purchase. In view of the fact that the contract determined a double procedure to adjust the price initially agreed upon, the parties gave a different interpretation to the manner in which it should be executed. On the one hand, the buyer considered that the determination of the price should be determined according to the criteria of a third-party expert, as agreed by the parties in communications subsequent to the execution of the contract.

The Tribunal determined that it was possible for the parties to modify the procedure for the determination of the price without any formality, other than the existence of consent. This was extracted from the principle arising from Article 29.1 of the CISG, which states that the contract may be modified or terminated by the mere agreement of the parties. This modification could take place by means of an exchange of offer and acceptance; however, article 17 of the CISG establishes as an inspiring criterion that, once the offer is rejected, it is extinguished. Under the aforementioned principles, the Tribunal rejected the buyer’s position, since it understood from the exchange of communications that the seller rejected the method proposed by the buyer, given the high expenses involved in the proposal.

For the Tribunal, this behavior was sufficient to determine that there was no consent to modify the contract. In any case, the Tribunal also justified it based on the estoppel principle, which the Tribunal considered is extracted from article 29.2 of the CISG, given the subsequent behavior of the seller regarding the buyer’s proposal, which was always in opposition to it. Moreover, the fact that the seller had no participation during the procedure in which the buyer hired the third-party expert to give its opinion, reflects its lack of consent with respect to the application of such method.

Since the Tribunal rejected the buyer’s argument, secondly, it proceeded to assess the terms of the contract, in order to determine the applicable procedure for the determination of the price. In this regard, it referred to Article 8.3 of the CISG, which states that the intention of the parties at the time of entering into an agreement is extracted from the relevant circumstances of the case, such as the negotiations, the practices established between them, the uses and the subsequent behavior. Under such circumstances, in the specific case, the Tribunal concluded that the parties had dispensed with one of the stages of the price determination procedure normally used at the financial level.

Third, the Tribunal analyzed the claims of breach by the seller for alleged inaccuracies in relation to the representations and warranties made to the buyer in the contract. The buyer argued that the seller was not entitled to claim for damages caused after the conclusion of the contract, since at the time the representations were made, the facts claimed in the arbitration were unknown.

Nevertheless, the Tribunal rejected this argument, since, regardless of the time at which the seller had knowledge of the facts, the origin of the claim was prior to the conclusion of the contract. To justify such conclusion, the Tribunal referred to the principle established by article 35 of the CISG, regarding the conformity of the goods, which the seller guarantees, even if the event giving rise to the lack of conformity came to its knowledge after the delivery of the goods.

Fourth, the Tribunal examined an argument of the seller regarding the statute of limitations for the buyer’s claims, invoking a «conventional statute of limitations» period. The Tribunal held that the contractually established term was assimilable to the term for claiming the lack of conformity of the goods stipulated in articles 38 and 39 of the CISG, which falls under the regime of breach of contract, in which the possibility of exercising a system of remedies is determined.

However, in the contract the parties did not determine the consequences of the failure to claim within the fixed term, so it cannot be equated to a statute of limitations. In the Tribunal’s opinion, the consequence of not notifying the claim within the time limit implies a reduction of the claim for damages, in view of the breach of the duty to mitigate damages, which is a general principle in the Spanish legal system and in the CISG. Therefore, the Court rejected the seller’s allegations of statute of limitations.

Based on the considerations explained above, the Court proceeded to partially sustain the claim and counterclaim filed by the parties, proceeded to fix the final price of the shares, and declared that both parties had incurred in defaults. All of the foregoing allowed the liquidation of damages in favor of both parties.

Mercaderías: Alcohol etílico

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.25, CISG Art.35, CISG Art.38, CISG Art.39, CISG Art.40, CISG Art.45, CISG Art.49, CISG Art.74, CISG Art.75, CISG Art.77, CISG Art.78,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

El arbitraje con sede en Madrid y entre una parte española y otra francesa trató de un conflicto surgido entre en un vendedor y un comprador, en el marco de un contrato de compraventa de 800.000 litros de alcohol rectificado. La compradora reclama la resolución del contrato, así como una serie de daños y perjuicios, producto de la no conformidad de la mercadería entregada, en tanto esta tenía una concentración de una sustancia mayor a la permitida en el contrato. El contrato señalaba que el alcohol a suministrar debía entregarse “sin desnaturalizar”, lo cual el comprador alegaba que no se cumplió.

Todo lo anterior, a su juicio, implicaba un incumplimiento esencial, lo cual la obligó a realizar compras de reemplazo para poder cumplir con el suministro de alcohol a terceros clientes. Por su parte, la vendedora argumentó que el producto era conforme, y en todo caso, la compradora había perdido su derecho a reclamar la no conformidad de la mercadería, en tanto: (i) había recibido de previo muestras del alcohol a entregar, las cuales había aceptado; y (ii) no presentó el reclamo de no conformidad dentro de un plazo razonable.

En primer lugar, el Tribunal determinó que, si bien se estaba frente a un arbitraje de equidad, un criterio de justicia para decidir el caso estaba representado por la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CCIM). En vista de que se trataba de un contrato de compraventa y las partes tenían sus establecimientos en España y Francia ­–ambos países suscriptores de la Convención–, esta resultaba aplicable como lex specialis. Asimismo, posterior a su aplicación en cada uno de los apartados, el Tribunal analizó por qué los criterios de la CCIM representaban criterios de justicia, dada la especialidad de la materia regulada y la práctica internacional.

En segundo lugar, el Tribunal analizó la conformidad de las mercaderías, conforme a los artículos 35.2 y 35.2 de la CCIM. En dicho análisis, se concluyó que la mercadería no fue conforme, en tanto se probó que el alcohol entregado estaba desnaturalizado, en contrariedad a lo especificado por el contrato. Asimismo, se rechazó la tesis de la vendedora, en el sentido de que la presencia del material en el alcohol solo afectaba la calidad del mismo, pero no lo convertía en un producto distinto, que no inhabilita al comprador a cumplir la finalidad de la compraventa. Sin embargo, el Tribunal concluyó que tal argumento resultaba irrelevante al aplicar la CCIM, pues la calidad de la mercadería es uno de los elementos de conformidad señalados por el artículo 35.1 de la Convención. Incluso, se concluyó que lo entregado era un producto distinto al pactado, pues la calidad especifica el género.

Por ende, el Tribunal concluyó la existencia de un incumplimiento esencial del contrato. Asimismo, rechazó las defensas del vendedor respecto al derecho a reclamar la no conformidad de las mercaderías. El Tribunal aseguró que, en este tipo de contrato, resultaba un plazo razonable (Art. 39.1 CCIM) invocar la falta de conformidad de las mercaderías de un mes, que debía contabilizarse desde que el comprador pudo tener conocimiento de la no conformidad, no desde la entrega. Lo anterior se concluyó en tanto, al ser la mercadería alcohol, se requerían hacer pruebas específicas, por lo que la no conformidad no podía ser confirmada al momento de la entrega.

Finalmente, se concluyó que el comprador no tenía derecho a resolver el contrato, a pesar de existir incumplimiento esencial, pues se encontraba imposibilitado de devolver el alcohol adquirido. Asimismo, se rechazó otorgar indemnización conforme al artículo 75 de la CCIM, respecto al sobrecoste de la compra de reemplazo, pues se requería que el comprador hubiese resuelto previamente el contrato, conforme lo dispuesto en dicho artículo. Sin embargo, se otorgó una serie de indemnizaciones a favor del comprador, entre las que destaca el sobrecoste de adquisición del alcohol desnaturalizado a través de otro vendedor, conforme al artículo 77 de la CCIM. Se reconoció que el comprador cumplió con su deber de mitigar los daños, de acuerdo a este hecho, lo cual lo hacía acreedor de indemnización a su favor.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

14 February 2018

Seat: Madrid, Spain

Parties’ countries: Spain and France

Provision applied: CISG, Art. 1(a), 25, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 74, 75, 77 y 78

Type of goods: Ethyl alcohol

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The arbitration dealt with a dispute arising between a seller and a buyer under a contract for the sale of 800,000 liters of rectified alcohol. The buyer claims the termination of the contract, as well as a series of damages, resulting from the non-conformity of the delivered goods, since they contained a higher concentration of a substance than the one specified in the contract. The contract stipulated that the alcohol to be supplied had to be delivered «undenatured», which the buyer alleged was not complied with.

All of the aforementioned, in the buyer’s opinion, implied a fundamental breach, which forced it to make replacement purchases in order to be able to comply with the supply of alcohol to third customers. On the other hand, the seller argued that the product was in conformity, and in any case, the buyer had lost its right to claim the non-conformity of the goods, since: (i) it had previously received samples of the alcohol to be delivered, which it had accepted; and (ii) it did not file the non-conformity claim within a reasonable period of time.

Firstly, the Tribunal determined that, although the case was an arbitration in equity, a criterion of justice to decide the case was represented by the Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG). Since the case involved a contract of sale and the parties had their places of business in Spain and France -both countries signatories of the Convention-, the Convention was applicable as lex specialis. Likewise, after its application in each of the sections, the Court analyzed why the criteria of the CISG represented criteria of justice, given the specialty of the regulated matter and international practice.

Secondly, the Tribunal analyzed the conformity of the goods, in accordance with articles 35.2 and 35.2 of the CISG. In this analysis, it was concluded that the goods were not in conformity, since it was proven that the alcohol delivered was «denatured», contrary to what was specified in the contract. It also rejected the seller’s argument that the presence of the material in the alcohol only affected the quality of the alcohol, but did not make it a different product, which does not disqualify the buyer from fulfilling the purpose of the sale. However, the Court concluded that such argument was irrelevant when applying the CISG, since the quality of the goods is one of the elements of conformity under article 35.1 of the Convention. It was even concluded that what was delivered was a different product than the one agreed upon, since the quality specifies the kind.

Therefore, the Court concluded the existence of a fundamental breach of contract. It also rejected the seller’s defenses regarding the right to claim non-conformity of the goods. The Court stated that, in this type of contract, it was a reasonable time (Art. 39.1 CISG) to invoke the non-conformity of the goods of one month, which should be counted from the time the buyer could have knowledge of the non-conformity, not from the time of delivery. This was concluded insofar as, as the goods were alcohol, specific tests were required, so that the non-conformity could not be confirmed at the time of delivery.

Finally, it was concluded that the buyer did not have the right to terminate the contract, despite the existence of a fundamental breach, since it was impossible for the buyer to return the purchased alcohol. Furthermore, it was rejected to grant indemnity under Article 75 of the CCIM, with respect to the excess cost of the replacement purchase, since it was required that the buyer had previously terminated the contract, as provided in said article. However, a series of indemnities were granted in favor of the buyer, including the additional cost of acquiring the denatured alcohol through another seller, in accordance with article 77 of the CCIM. It was recognized that the buyer complied with its duty to mitigate the damages, in accordance with this fact, which made the buyer entitled to indemnity in its favor.

Mercaderías: Trigo

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.76,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid se centraba en el incumplimiento de un contrato de compraventa de 5.000 toneladas de trigo duro. El reclamo del comprador se centraba en la conformidad de la mercadería entregadas, así como el pago de daños y perjuicios producto del incumplimiento. La posición del comprador era que el trigo entregado no cumplía con el porcentaje pactado de vitrosidad, mientras que la vendedora defendía que únicamente se garantizó un determinado porcentaje de proteínas y que este fue cumplido.

El Tribunal concluyó que la mercadería no era conforme, por lo cual analizó el reclamo de los daños y perjuicios reclamados por el comprador, producto del incumplimiento. Uno de los daños reclamados por el comprador fue la diferencia entre el precio del contrato y el precio que tuvo que pagar al momento de realizar una compra de reemplazo. Para realizar esta solicitud, el comprador invocó la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”), específicamente el artículo 76 de dicha normativa.

El Tribunal determinó que la CCIM no resultaba aplicable al caso concreto, pues el caso no era una compraventa internacional de mercaderías, dado que ambas partes tenían sus establecimientos en España. Asimismo, el Tribunal reconoció la posibilidad de las partes de poder pactar su aplicación, aún y cuando no se cumplan los presupuestos de aplicación del artículo 1 y siguientes de la CCIM, al amparo de la libertad de contratar consagrada en el artículo 1255 del Código Civil español. No obstante, del análisis del caso, se concluyó que no existía pacto alguno que vinculase al Tribunal a aplicar la CCIM.

En todo caso, el Tribunal sí utilizó la CCIM como referencia, para resolver la solicitud de daños reclamados por el comprador. Sobre el artículo 76 de la CCIM, en primer lugar, se determinó que existía una exigencia de probar el daño, específicamente acreditar el pago del precio diferenciado, derivado de la compra de reemplazo. Asimismo, se analizó el precio específico que debe utilizarse para comparar y se determinó que era el precio de la mercancía en el momento en que se hubiese hecho cargo de ellas el comprador, y no la fecha de resolución del contrato. Lo anterior en virtud de que la resolución del contrato se llevó a cabo posteriormente a haberse hecho cargo de la mercadería.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

28 May 2018

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, Art. 1 y 76

Type of goods: Wheat

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute concerned the breach of a contract for the sale and purchase of 5,000 tons of durum wheat. The buyer’s claim focused on the conformity of the goods delivered, as well as the payment of damages resulting from the breach. The buyer’s position was that the wheat delivered did not comply with the agreed percentage of vitrosity, while the seller defended that only a certain percentage of protein was guaranteed and that this was complied with.

The Tribunal concluded that the goods were non-conforming, and therefore analyzed the claim for damages sought by the buyer as a result of the breach. One of the damages claimed by the buyer was the difference between the contract price and the price it had to pay at the time of making a replacement purchase. In making this claim, the buyer invoked the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG»), specifically article 76 of the CISG.

The Tribunal determined that the CISG was not applicable to the specific case, as the case was not an international sale of goods, since both parties had their places of business in Spain. The Tribunal also recognized the possibility of the parties to agree on its application, even if the conditions for the application of article 1 and following articles of the CISG were not met, under the freedom of contract enshrined in article 1255 of the Spanish Civil Code. However, from the analysis of the case, it was concluded that there was no agreement binding the Court to apply the CISG.

In any case, the Court did use the CISG as a reference to resolve the request for damages claimed by the buyer. Regarding article 76 of the CISG, first of all, it was determined that there was a requirement to prove the damage, specifically to prove the payment of the differential price derived from the replacement purchase. Likewise, the specific price to be used for comparison was analyzed and it was determined that it was the price of the goods at the time the buyer had taken over the goods, and not the date of termination of the contract. This is due to the fact that the termination of the contract took place after the goods had been taken over.

Mercaderías: Acero

Disposiciones citadas: CISG Art.3, Art.47, Art.55, Art.71, Art.74,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa surge en el marco de un contrato de suministro entre una parte española y otra suiza de distintos productos de acero, el cual fue celebrado en mayo de 2012, por un plazo de veinticuatro meses, el cual se podría prorrogar automáticamente por periodos iguales. La terminación del contrato existiría en caso de que una de las partes diese preaviso de la terminación dos meses antes del vencimiento del plazo. El contrato estipulaba la venta de una cantidad mínima de productos de acero, las condiciones de pago y envío de los productos, y los parámetros técnicos de los productos.

Adicionalmente, el contrato de suministro señalaba el procedimiento a seguir para la compra de los productos: (i) la emisión de órdenes de compra por parte del comprador, que se darían cada cuatro meses; (ii) la emisión de una letra de crédito por parte del comprador, para asegurar el pago del vendedor; (iii) la entrega y revisión de la conformidad de la mercadería; y (iv) un procedimiento en caso de falta de conformidad. El precio a pagar por los productos se discutiría entre las partes cada cuatro meses, previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.

Entre el año 2012 y el 2018, el comprador presentó veinticuatro órdenes de compra al vendedor. Cabe destacar que existió un arbitraje previo entre las partes respecto a las primeras ocho órdenes de compra. En el segundo arbitraje, se discutió el cumplimiento de lo ordenado en el primer laudo, referencia a la entrega de las primeras ocho órdenes de compra, en tanto el comprador argumentó que la mercadería no era conforme. Asimismo, se discutió la validez del contrato de suministro, respecto a las órdenes de compra número nueve y hasta la veinticuatro; en tanto el demandado argumentaba la invalidez del contrato por carece de precio, así como la existencia de una terminación implícita llevada a cabo por el vendedor.

Uno de los primeros elementos analizados por el Tribunal fue la aplicación de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”). En primer lugar, el Tribunal justificó su aplicación por tratarse de un tema que ya había sido discutido en el primer laudo, y estaba cubierto por la cosa juzgada que éste genera. El Tribunal tomó en cuenta que la CCIM fue aplicada al contrato de suministro en general, no solo a las órdenes de compra, por lo cual no existían motivos para apartarse de una decisión con carácter de cosa juzgada.

Respecto a la conformidad de las mercaderías a entregar por las órdenes de compra número uno a ocho, el Tribunal lo analizó desde dos perspectivas: (i) la entrega en tiempo; y (ii) el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En relación con la entrega en tiempo, el Tribunal determinó que el artículo 71(1) de la CCIM facultaba al vendedor a suspender la ejecución de sus obligaciones, en caso de incumplimiento previo o inminente por parte del comprador, y que éste fuese debidamente notificado a la otra parte. El Tribunal determinó que ambos requisitos se cumplían, en tanto el comprador no emitió en tiempo la letra de crédito que aseguraba el pago de la compraventa, y esta situación había sido comunicada en múltiples ocasiones por el vendedor. Por ende, el Tribunal concluyó que el plazo de entrega que estipulaba el contrato se había suspendido por la existencia de un incumplimiento materializado.

Sin embargo, el análisis del Tribunal sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas tuvo un resultado distinto. En dicha oportunidad, el Tribunal determinó que el vendedor había incumplido con su obligación contractual de atender los reclamos de falta de conformidad de la mercadería. Asimismo, afirmó que el comprador había seguido el procedimiento contractual para comprobar los defectos, que consistía en la contratación de un tercero independiente para valorar las especificaciones técnicas del acero. Por lo anterior, en vista de que el tercero independiente mostró la falta de conformidad, y el vendedor no realizó acción alguna para atender los reclamos, ni probar la conformidad, el Tribunal determinó la responsabilidad del vendedor. Esto implicó una condena de indemnización de los daños causados por la entrega de mercadería no conforme, así como por la falta de atención en tiempo de los reclamos, en aplicación de los artículos 74 y 47.2 de la CCIM.

Finalmente, el Tribunal analizó la validez del contrato de suministro por haberse celebrado “a precio abierto”. En este sentido, determinó que sí resultaban válidos, conforme a la CCIM. En primer lugar, puesto que el artículo 3 de la CCIM cataloga como compraventa los contratos de suministro de bienes a ser manufacturados o producidos, los cuales normalmente carecen de precio determinado, como en el caso concreto. Asimismo, concluyó que el artículo 55 de la CCIM permite la celebración de contratos a precio abierto, dada la presunción que establece esta norma, en el sentido de que esta omisión implica que las partes hicieron referencia implícita al precio generalmente cobrado por tales mercaderías.

Por todo lo anterior, el Tribunal determinó que sí existían incumplimientos por parte del vendedor, respecto a la totalidad de las órdenes de compra, las cuales su cumplimiento era exigible para el comprador.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

4 September 2018

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain and Switzerland

Provision applied: CISG, Art. 71(1), 74, 47(2), y 55.

Type of goods: Steel

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute arises under a contract for the supply of certain steel products, which was entered into in May 2012, for a term of twenty-four months, which could be automatically extended for equal periods. Termination of the contract would exist in the event that one of the parties gave notice of termination two months prior to the expiration of the term. The contract stipulated the sale of a minimum quantity of steel products, the terms of payment and shipment of the products, and the technical parameters of the products.

In addition, the supply contract set forth the procedure to be followed for the purchase of the products: (i) the issuance of purchase orders by the buyer, which would be given every four months; (ii) the issuance of a letter of credit by the buyer to secure payment from the seller; (iii) the delivery and review of the conformity of the goods; and (iv) a procedure in case of lack of conformity. The price to be paid for the products would be discussed between the parties every four months, prior to the issuance of the corresponding purchase order.

Between 2012 and 2018, the buyer submitted twenty-four purchase orders to the seller. It should be noted that there was a previous arbitration between the parties regarding the first eight purchase orders. In the second arbitration, the fulfillment of what was ordered in the first award was discussed, referring to the delivery of the first eight purchase orders, while the buyer argued that the goods were not in conformity. Likewise, the validity of the supply contract was discussed, with respect to purchase orders number nine and up to twenty-four; while the defendant argued the invalidity of the contract for lack of price, as well as the existence of an implied termination carried out by the seller.

One of the first elements analyzed by the Tribunal was the application of the Vienna Convention on the International Sale of Goods («CISG»). First, the Tribunal justified its application as an issue that had already been discussed in the first award, and was covered by the res judicata it generated. The Tribunal took into account that the CISG was applied to the supply contract in general, not only to purchase orders, so there was no reason to depart from the res judicata effects produced by the first award.

Regarding the conformity of the goods to be delivered under purchase orders number one through eight, the Tribunal analyzed it from two perspectives: (i) delivery on time; and (ii) fulfillment of the technical specifications.

In relation to timely delivery, the Tribunal determined that article 71(1) of the CISG empowered the seller to suspend the performance of its obligations in case of prior or imminent breach by the buyer, and that this was duly notified to the other party. The Tribunal determined that both requirements were met, since the buyer did not issue the letter of credit securing the payment of the purchase-sale on time, and this situation had been communicated on multiple occasions by the seller. Therefore, the Tribunal concluded that the delivery period stipulated in the contract had been suspended due to the existence of a material breach.

However, the Tribunal’s analysis of conformity with technical specifications had a different result. On that occasion, the Tribunal found that the seller had failed to comply with its contractual obligation to address claims of non-conformity of the goods. It also stated that the buyer had followed the contractual procedure to verify the defects, which consisted of hiring an independent third party to assess the technical specifications of the steel. Therefore, in view of the fact that the independent third party showed the lack of conformity, and the seller did not take any action to address the claims, nor prove conformity, the Tribunal determined the liability of the seller. This implied an indemnity award for the damages caused by the delivery of non-conforming goods, as well as for the lack of timely attention to the claims, in application of articles 74 and 47.2 of the CISG.

Finally, the Tribunal analyzed the validity of the supply contract for having been entered into «at open price». In this sense, it determined that they were valid, in accordance with the CISG. Firstly, since Article 3 of the CISG classifies as sales contracts the supply of goods to be manufactured or produced, which normally do not have a determined price, as in the specific case. Likewise, it concluded that article 55 of the CCIM allows the conclusion of open price contracts, given the presumption established by this rule, in the sense that this omission means that the parties implicitly referred to the price generally charged for such goods.

In view of the foregoing, the Tribunal determined that there were indeed defaults by the seller with respect to the totality of the purchase orders, which were enforceable by the buyer.

Mercaderías: Contrato de permuta financiera

Disposiciones citadas: UPIC Art.1.7, UPIC Art.1.8,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

El demandante reclamó en el arbitraje un incumplimiento a un contrato de permuta financiera, mediante el cual la demandada modificó los términos de un préstamo, con el fin de dar mayor estabilidad al demandante, en cuanto a la tasa de interés aplicable. Sin embargo, la demandante reclamó que la demandada incumplió sus deberes de información y evaluación de la idoneidad del producto, así como sus deberes de lealtad y transparencia. A su consideración, la demandante no recibió suficiente información acerca del producto, sino que se le tergiversó sobre la verdadera naturaleza del instrumento financiero que se le ofreció.

La demandada se opone a la demanda, argumentando que el contrato es válido, y que, en caso de haberse incumplido algún tipo de obligación de información previo a la suscripción de contrato, esto no suponía un incumplimiento contractual, ni otorgaba derecho al demandante a una indemnización de daños y perjuicios. La demandada consideraba que el reclamo fue indebidamente planteado, en tanto era una disputa sobre la anulabilidad del contrato, y que, en todo caso, esta acción se encontraba caduca.

De conformidad con la voluntad de las partes, el caso debía ser resuelto conforme a equidad. No obstante, el Tribunal concluyó que un elemento para resolver conforme a equidad era la aplicación del principio de buena fe de las partes, en conjunto con la teoría de actos propios. En aplicación de ambos principios, el Tribunal concluyó que, conforme a un juicio de equidad, el hecho de que la demandante presentó un reclamo hasta 10 años después de haber formalizado el contrato, 6 años después de haberse consumado, y luego de haber realizado todos los pagos pactos; constituía un retraso desleal en contradicción con los principios mencionados, conforme a un juicio de equidad.

Para analizar la figura del “retraso desleal”, en aplicación de los principios de buena fe y teoría de actos propios, se aplicaron los artículos 1.7 y 1.8 de los Principios UNIDROIT. Conforme a estos, así como los antecedentes del Tribunal Supremo español, se concluyó que existe “retraso desleal” cuando una de las partes presentó un reclamo de forma tan tardía que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo, vulnerando tanto la contradicción con los actos propios.

Por ende, el Tribunal concluyó que, al dejar trascurrir este plazo temporal, la demandante actúa en contra sus propios actos y ha generado una legítima expectativa en la demandada de que la relación jurídica amparada en dicho contrato estaba definitivamente zanjada e íntegramente cumplida, al no existir ningún tipo de reclamación previa, a lo largo de la vida del contrato, e incluso con posterioridad. Esto permitió al Tribunal concluir que, a pesar de que sí había existido incumplimiento contractual, la demandante no tenía derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

4 December 2018

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: UNIDROIT Principles, Art. 1.7 and 1.8.

Type of contract: Swap

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The claimant argued in the arbitration a breach of a swap contract, whereby the respondent modified the terms of a loan, in order to provide better stability to the claimant, in terms of the applicable interest rate. However, the claimant alleged that the defendant breached its duties of information and evaluation of the suitability of the product, as well as its duties of loyalty and transparency. In its opinion, the claimant did not receive sufficient information about the product, but was misrepresented about the true nature of the financial instrument offered to it.

The respondent opposed the claim, arguing that the contract was valid, and that, if any type of information obligation had been breached prior to the execution of the contract, this did not constitute a breach of contract, nor did it entitle the claimant to damages. The defendant considered that the claim was improperly brought, since it was a dispute over the annulment of the contract, and that in any case, this action was time-barred.

In accordance with the intention of the parties, the case should be resolved in equity (ex aequo et bono). However, the Tribunal concluded that one element of an equitable decision was the application of the principle of good faith of the parties, in connection with the estoppel principle (venire contra factum proprium non valet principle applicable in civil law jurisdictions). In application of both principles, the Tribunal concluded that, according to a judgment in equity, the fact that the claimant filed a dispute up to 10 years after the contract had been executed, 6 years after it had been consummated, and after all the agreed payments had been made, represented an unfair delay in contradiction with the aforementioned principles, according to an ex aequo et bono judgment.

In order to analyze the concept of «unfair delay», in application of the principles of good faith and estoppel, articles 1.7 and 1.8 of the UNIDROIT Principles were applied. In accordance with these, as well as the precedents of the Spanish Supreme Court, it was concluded that «unfair delay» exists when one of the parties filed a claim so late that the other party could effectively think that it was not going to act on it, thus violating the contradiction with own acts.

Therefore, the Tribunal concluded that, by allowing this time period to elapse, the claimant was acting against its own acts and had generated a legitimate expectation in the respondent that the legal relationship covered by the said contract was definitively settled and fully performed, in the absence of any prior claim, throughout the life of the contract, and even thereafter. This allowed the Tribunal to conclude that, although there had been a breach of contract, the plaintiff was not entitled to claim damages.

Mercaderías: Contrato de arrendamiento

Disposiciones citadas: UPIC Art.6.2.2,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid está relacionada a la ejecución de un contrato de arrendamiento de un local comercial, en el contexto de la pandemia COVID-19. La parte demandante, en su condición de arrendadora, demanda a la arrendataria por la falta de pago de la renta mensual en múltiples ocasiones. Por su parte, la arrendataria presentó reconvención con el fin de que se declararse la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus (excesiva onerosidad sobreviniente) producto de la crisis económica provocada por el COVID-19.

El Tribunal procedió a analizar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus de conformidad con la legislación española, que resultaba aplicable al arbitraje. Sin embargo, consideró que los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales del 2016 (“Principios UNIDROIT”) eran un criterio interpretativo del ordenamiento jurídico aplicable, por lo cual analizó la figura de conformidad con el artículo 6.2.2. En aplicación de este artículo, así como de jurisprudencia de los tribunales españoles sobre la materia, se llegó a la conclusión que uno de los presupuestos para la excesiva onerosidad sobreviniente era que los eventos fuesen razonablemente imprevisibles para la parte en desventaja y que el riesgo de tales eventos no hubiese sido asumido por ella.

En el caso concreto, el Tribunal concluyó que tal presupuesto no se cumplía, pues meses después de declarada la pandemia del COVID-19, las partes de manera voluntaria y libre acordaron una serie de medidas, como lo era la rebaja de la renta y no aumento del precio, que supusieron una novación del contrato de arrendamiento. Por ende, se concluyó que para este momento ya la pandemia era previsible y los riesgos derivados de la pandemia y la novación del contrato fueron asumidos por la arrendataria. Todo lo anterior conllevó a rechazar la reconvención y a condenar a la demandada a abandonar el inmueble arrendado, así como el pago de las rentas adeudadas.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

18 April 2022

Seat: Madrid, Spain.

Parties’ countries: Spain.

Provision applied: UNIDROIT Principles 2016, Art. 6.2.2

Type of contract: Lease

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The dispute is related to the execution of a lease agreement for commercial facilities, in the context of the COVID-19 pandemic. The plaintiff, as lessor, sued the lessee for non-payment of the monthly rent on multiple occasions. On the other hand, the lessee filed a counterclaim seeking the application of the rebus sic stantibus (supervening hardship) clause as a result of the economic crisis caused by COVID-19.

The Tribunal analyzed the application of the rebus sic stantibus clause in accordance with Spanish law, which was applicable to the arbitration. However, it considered that the 2016 UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts (“UNIDROIT Principles”) were an interpretative criterion of the applicable legal system, and therefore analyzed the figure in accordance with Article 6.2.2. In application of this article, as well as the case law of the Spanish courts on the matter, it concluded that one of the requirements for hardship was that the events were reasonably unforeseeable for the disadvantaged party and that the risk of such events had not been assumed by it.

In the specific case, the Court concluded that such assumption was not met, since months after the declaration of the COVID-19 pandemic, the parties voluntarily and freely agreed on a series of measures, such as the reduction of the rent and no increase in the price, which entailed a novation of the lease. Therefore, it was concluded that by this time the pandemic was foreseeable and the risks derived from the pandemic and the novation of the lease were assumed by the lessee. All of the foregoing led to rejecting the counterclaim and condemning the defendant to vacate the leased property, as well as the payment of the rents owed.

Mercaderías: Pacto parasocial

Disposiciones citadas: CISG Art.25, UPIC Art.7.3.1,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa se deriva un pacto parasocial celebrado entre una serie de socios, en el que dos socios demandantes reclaman al socio demandado el incumplimiento de sus obligaciones de no competencia. Las demandantes argumentaron que dichos incumplimientos eran esenciales y graves, y que por ello existía el derecho de adquirir una opción de compra de las acciones del demandado, en los términos señalados en el pacto parasocial. Por su parte, la demandada argumentó que tal incumplimiento no había sido probado, y que, por lo contrario, el éxito del proyecto se debía a su participación.

El Tribunal consideró que la demandada incumplió su deber de no competencia, conforme a los términos del pacto parasocial. Por ende, procedió a analizar si concurrían los presupuestos contractuales, para determinar si existía el derecho de los demandantes a la opción de compra de las acciones del demandado. En la cláusula contractual que disponía tales presupuestos, se señalaba que las obligaciones de no competencia tenían carácter “esencial”, y que en caso de que existiese un incumplimiento “grave” de esta obligación, se ostentaría el derecho de la opción de compra. Por ende, el Tribunal consideró diferencias entre la gravedad y la esencialidad en el contrato.

El Tribunal Arbitral analizó la figura de obligación esencial e incumplimiento grave, desde la perspectiva del Derecho español, el cual resultaba aplicable a la disputa. Para integrar tal análisis, citó jurisprudencia española en la cual se ha reconocido que el concepto de incumplimiento esencial debía integrarse con lo dispuesto en instrumentos de Derecho Uniforme, como el artículo 25 de la CCIM y el 7.3.1 de los Principios UNIDROIT. Por lo tanto, se concluyó que, si bien las partes podrían determinar que una obligación era esencial, no todo incumplimiento a dicha obligación sería “esencial” o “grave”, pues debía analizarse si había existido una privación de lo que la parte tenía derecho a esperar en virtud del contrato.

En conclusión, el Tribunal determinó que el incumplimiento de la obligación esencial fue grave, en tanto se frustró la finalidad perseguida por el contrato. Con base en lo anterior, declaró el derecho de las demandantes a la opción de compra de las acciones.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

30 June 2022

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, 25; UNIDROIT Principles 2016, 7.3.1

Type of contract: Shareholders agreement

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The dispute arose from a shareholders’ agreement, in which two claimants alleged that the defendant had breached its non-competition obligations. The claimants argued that such breaches were fundamental and serious, and therefore they had the right to acquire an option to purchase the defendant’s shares, under the terms set forth in the shareholders’ agreement. For its part, the respondent argued that such breach had not been proven, and that on the contrary, the success of the project was due to its participation.

The Arbitral Tribunal considered that the respondent breached its duty not to compete, in accordance with the terms of the shareholders’ agreement. Therefore, it proceeded to analyze whether the contractual conditions were met, in order to determine whether the plaintiffs were entitled to the option to purchase the defendant’s shares. In the contractual clause providing for such conditions, it was stated that the non-competition obligations were of a «fundamental» nature, and that in the event of a » material» breach of this obligation, the right to the purchase option would be exercised. Therefore, the Tribunal considered that there was a difference between materiality and fundamentality in the contract.

The Arbitral Tribunal analyzed the concept of fundamental obligation and material breach from the perspective of Spanish law, which was applicable to the dispute. In order to integrate such analysis, it quoted Spanish case law in which it has been recognized that the concept of fundamental breach should be integrated with the provisions of Uniform Law instruments, such as articles 25 of the CCIM and 7.3.1 of the UNIDROIT Principles. Therefore, it was concluded that, while the parties could determine that an obligation was fundamental, not every breach of such an obligation would be «fundamental» or » material», since it should be analyzed whether there had been a deprivation of what the party had a right to expect under the contract.

In conclusion, the Tribunal determined that the breach of the fundamental obligation was a material one, inasmuch as the purpose of the contract was frustrated. Based on the foregoing, it declared the claimants’ right to the option to purchase the shares.

Mercaderías: contrato de edición

Disposiciones citadas: CISG Art.25

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La presente disputa surge de la celebración de un contrato de edición, en el que el Demandante contrató al Demandado para que este último llevase a cabo la edición de un libro basado en una obra, a cambio de un precio. Tanto en el contrato, como en un addendum celebrado entre las partes, se fijaron plazos de entrega del libro editados, los cuales fueron incumplidos por el Demandado. Por ello, el Demandante inicia el arbitraje, con el fin de reclamar la resolución del contrato de edición.

Por su parte, el Demandado alegó que no existía un incumplimiento contractual, sino un mero retraso, el cual estaba justificado. Asimismo, en caso de que se considerase existió un incumplimiento injustificado, se argumentó que este no tenía la condición de “esencial” para permitir la resolución del contrato de edición, por no frustrarse la finalidad del mismo

El Tribunal concluyó que sí existió un incumplimiento injustificado del plazo para finalizar con las labores de edición contratadas. Por ende, procedió a analizar la esencialidad del incumplimiento. Para integrar tal análisis, citó jurisprudencia española en la cual se ha reconocido que el concepto de incumplimiento esencial debía integrarse con lo dispuesto en instrumentos de Derecho Uniforme, como el artículo 25 de la CCIM.

Finalmente, el Tribunal determinó que había existido una privación hacia el Demandante de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, en vista del comportamiento que llevaron a cabo las partes durante la ejecución. El Tribunal destacó que, el hecho de que hubiese una prórroga inicial reflejaba que un nuevo incumplimiento llevaba a la esencialidad. Asimismo, se analizaron los fines de la Demandante en la determinación del segundo plazo, lo cual era conocido por la Demandada.

Por ello, el Tribunal procedió a declarar resuelto el contrato de edición y se condenó al Demandado a reintegrar los pagos previamente realizados, así como intereses y costas.

Texto en inglés

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

1 July 2022

Seat: Madrid

Parties’ countries: Spain

Provision applied: CISG, 25.

Type of contract: Edition

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

 The present dispute arises out of the agreement of an publishing contract, in which the Claimant contracted with the Respondent to publish a book based on a copyright work, in exchange for a price. The Respondent breached both, the contract and the addendum’s date of delivery of the works. The Complainant therefore initiates arbitration in order to claim the termination of the publishing contract.

The Respondent argued that there was no breach of contract, but rather a mere delay, which was justified. In addition, in the event that an unjustified breach was found to exist, it was argued that it did not have the condition of «essential» to allow the termination of the publishing contract, since it did not frustrate the purpose of the contract.

The Tribunal concluded that there was an unjustified failure to comply with the deadline to complete the contracted editing work. Therefore, it proceeded to analyze the fundamental nature of the breach. In order to integrate such analysis, it cited Spanish case law in which it has been recognized that the concept of fundamental breach should be integrated with the provisions of Uniform Law instruments, such as Article 25 of the CISG.

Finally, the Tribunal found that there had been a deprivation to the Claimant of what it was entitled to expect under the contract, in view of the behavior of the parties during performance. The Tribunal noted that the fact that there was an initial extension of time reflected that a further breach led to essentiality. It also analyzed the Claimant’s purpose in determining the second term, which was known to the Respondent.

The Tribunal therefore proceeded to declare the publishing contract terminated and ordered the Respondent to reimburse the payments previously made, as well as interest and costs.

Mercaderías: porterías de fútbol

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.45, CISG Art.74,

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

Arbitraje – Corte de Arbitraje de Madrid (CAM)

Laudo Final

19 de diciembre de 2022

Sede: Madrid, España

Países de las partes: España y Rusia

Disposiciones citadas: CISG Art.1, CISG Art.45, CISG Art.74.

Mercaderías: porterías de fútbol

Editor: Mauricio Rapso, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

Resumen:

La disputa con sede en Madrid y entre un comprador ruso y un vendedor español surge de la celebración de dos contratos de suministro de mercaderías, en el que el vendedor (demandado) entregaría una cantidad específica de porterías de fútbol al comprador (demandante). Para definir las condiciones de entrega de las mercaderías, las partes pactaron la aplicación de Incorterms 2010 EXW (“Exworks”). El lugar de entrega de la mercadería sería Jinhua, China, y la entrega debía realizarse dentro de las ocho semanas posteriores al pago del 100% del precio de la mercadería.

La demandante realizó los pagos a la demandada conforme a lo pactado en los contratos. Sin embargo, la demandante reclamó que nunca recibió notificación de la demandada de que los bienes se encontraban disponibles para la entrega. Por lo anterior, para la demandante el vendedor incurrió en incumplimiento contractual y debía indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Por su parte, la demandada alegó que fue la demandante quien incumplió su obligación de retirar la mercadería en el lugar pactado, conforme lo establecido por las partes en el contrato. Además, argumentó que la demandante no había probado que la mercadería no se encontraba disponible para ser retirada, en los términos del contrato.

El Tribunal determinó que el Incoterm EXW contiene la obligación del vendedor de notificar al comprador una vez la mercadería se encuentra disponible para entrega. Por ende, determinó que había existido un incumplimiento contractual y entró a analizar las pretensiones indemnizatorias del demandante. Para ello, señaló que ni los términos de los contratos, ni los Incoterms 2010 EXW estipulaban disposiciones sobre los remedios aplicables en caso de incumplimiento contractual.

Por ello, se entró a analizar la aplicación de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (“CCIM”). En aplicación del artículo 1(1)(a) de la CCIM, el Tribunal determinó que ésta resultaba aplicable, en tanto ambas partes estaban domiciliadas en países contratantes de la Convención, y que no existía ninguna exclusión de la CCIM en los contratos celebrados.

Lo anterior conllevó a la aplicación del artículo 45(1)(b) de la CCIM, relacionada al derecho del comprador de reclamar el pago de daños, en caso de incumplimiento de las obligaciones del vendedor. Asimismo, se recurrió a lo dispuesto en el artículo 74 de la Convención, al definir que los daños causados al comprador por el incumplimiento del vendedor comprenderán el valor de la pérdida sufrida. En el caso concreto, el Tribunal determinó que la pérdida sufrida de la demandante fue el precio pagado por la totalidad de las mercaderías, y que por ello la pretensión de la demandante de que se reintegrara el precio pagado resultaba procedente.

Finalmente, el Tribunal Arbitral decidió rechazar la petición de la demandante respecto al pago de intereses sobre los daños otorgados. Para justificar lo anterior, el Tribunal señaló que la demandante no había justificado los motivos por los cuales tenía derecho a recibir intereses; y además destacó que ni los contratos ni la CCIM contenían disposiciones respecto al tipo de interés aplicable. Bajo estas circunstancias, el Tribunal concluyó que resultaba más apropiado rechazar la petición de intereses, en ejercicio de la amplia discreción que se les otorga a los árbitros en esta materia.

Arbitration – Court of Arbitration of Madrid (CAM)

Final Award

19 December 2022

Seat: Madrid, Spain

Parties’ countries: Russia and Spain

Provision applied: CISG Art. 1(1)(a), CISG 45(1)(b), CISG 74.

Type of goods: football goals

Abstract prepared by Mauricio Rapso, Madrid International Arbitration Center (CIAM)

The dispute seated in Madrid between a Russian buyer and a Spanish seller arises from two contracts for the supply of goods, in which the seller (respondent) agreed to deliver a specific amount of football goals to the buyer (claimant). In order to determine the terms of the goods’ delivery, the parties agreed the application of Incoterms 2010 EXW (“Exworks”). The place of delivery of the goods was Junhua, China, and the delivery shall be completed within eight weeks after the 100% of the price’s payment.

Claimant completed the payments in accordance with the terms of the contracts. Nonetheless, claimant argued that respondent failed to give notice of the availability of the goods at the place of delivery. Therefore, claimant considered that respondent breached both contracts, and then claimant demanded reimbursement of all amounts paid to the respondent. On the other hand, respondent argued that claimant breached its obligation of withdrawing the goods at the place of delivery, in accordance with the terms of the contracts. In addition, respondent argued that claimant did not prove that the contracted goods were not available at the place of delivery.

The Arbitral Tribunal concluded that Incoterm EXW includes the seller’s obligation of giving notice to the buyer, once the goods are available for delivery. Thus, the Tribunal determined respondent breached the supply contracts, and then the Tribunal turned to the analysis of the remedy sought by claimant. Regarding this matter, the Tribunal concluded that neither the supply contracts, nor Incoterms 2010 EXW, include rules related to the remedies for any contract’s default.

Under these circumstances, the Tribunal analyzed the application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”). In accordance with article 1(1)(a) CISG, the Tribunal concluded that this regulation was applicable to the case, since both parties had their place of business in two different CISG’s contracting States, and there was no exclusion of the CISG’s application in the supply contracts.

Therefore, the Tribunal applied section 45(1)(b) CISG, related to the buyer’s right of claiming for damages, in case of breach of contract by the seller. Additionally, the Arbitral Tribunal analyzed Article 74 of the CISG, and concluded that damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Therefore, it was determined that claimant was entitled to claim for the reimbursement of the paid price.

Finally, the Arbitral Tribunal denied the claimant’s request for the payment of interest on the damages awarded. To justify this, the Tribunal pointed out that the claimant had not justified the reasons for which it was entitled to receive interest; and further noted that neither the contracts nor the CISG included provisions regarding the applicable interest rate. Under these circumstances, the Tribunal concluded that it was more appropriate to reject the request for interest, in exercise of the broad discretion granted to arbitrators in this matter.